viernes 20 de noviembre de 2026 - Edición Nº3714

Nacionales | 20 Nov

Votación unánime

El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad y mantuvo la pensión y los aranceles atados a la inflación

Aceptar un trabajo en blanco y conservar la pensión, sostener un tratamiento o contar con transporte para llegar a una terapia son decisiones que atraviesan la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad. Este jueves 19 de noviembre, el Senado aprobó con 71 votos a favor y ninguno en contra una ley que busca dar continuidad a esos apoyos cuando termine la emergencia en discapacidad, prevista hasta fin de año.


Por: Redacción Actualidad Jachallera

La Cámara alta aprobó el texto que ya había pasado por Diputados, donde se incorporaron cambios reclamados por la oposición. La norma mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en el 70% de la jubilación mínima y conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder a la prestación.

Uno de los puntos con mayor impacto en la vida cotidiana es que la pensión seguirá siendo compatible con un empleo registrado o con el monotributo, siempre que los ingresos de la persona no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. En la práctica, alguien que consiga un trabajo formal podrá conservar ese ingreso de apoyo si se mantiene dentro del límite previsto.

La ley también conserva el nomenclador universal, el arancel unificado y la actualización automática por inflación. El nomenclador es la tabla que organiza las prestaciones y fija cuánto se reconoce por servicios como la rehabilitación y el transporte. Para quienes necesitan esos apoyos semana tras semana, la posibilidad de sostener una rutina depende, entre otras cosas, de que los equipos y centros puedan seguir prestando el servicio y cobrar por su trabajo. 

En materia de salud, el texto prevé que quienes cobran pensiones no contributivas por discapacidad o por invalidez laboral tengan acceso a las prestaciones básicas a través del Programa Incluir Salud. El financiamiento saldrá de partidas del Ministerio de Salud y, si esos fondos resultan insuficientes, el Tesoro deberá cubrir la diferencia. La norma también dispone que el financiamiento por beneficiario mantenga su poder adquisitivo respecto del año anterior. 

La votación unánime convivió con planteos sobre cómo se va a aplicar la ley en todo el país. Durante el debate, la senadora Alicia Kirchner puso en duda que las oficinas de ANSES tengan capacidad suficiente para atender los trámites. La radical Mariana Juri, por su parte, pidió que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios. Para una persona que necesita iniciar una gestión o reclamar por una prestación, la implementación se juega en cuestiones concretas, como tener una oficina accesible y recibir una respuesta a tiempo.

Otro punto del texto son las auditorías periódicas sobre las pensiones. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Si detecta un incumplimiento, deberá notificar al titular y darle la posibilidad de presentar un descargo antes de una eventual suspensión preventiva. La persona podrá pedir que se le restituya provisoriamente el beneficio mientras se resuelve su caso.

Para los prestadores que todavía esperan compensaciones del régimen de emergencia, la ley fija un plazo de 30 días corridos desde su entrada en vigencia para publicar un cronograma de pagos. La cancelación deberá concretarse dentro de los 90 días para quienes hayan completado el trámite. El Ministerio de Salud también deberá informar periódicamente cuánto se destina al sistema, cuáles son los aranceles y cuántas pensiones se pagan. 

Con la sanción del Congreso, el texto pasa al Poder Ejecutivo. La norma prevé que entre en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y fija un plazo de 30 días hábiles para reglamentarla. 

 

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