Por: Redacción Actualidad Jachallera

Lo que comenzó como una crisis bancaria terminó provocando la caída de un presidente. Santiago Peña, de 47 años, fue apartado del poder mediante un juicio político en el que los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución por mal desempeño de sus funciones. La decisión se tomó después de que el mandatario presentara su renuncia, que no llegó a ser aceptada por el Congreso.

Horas más tarde, el Ministerio Público paraguayo ordenó su detención en el marco de la causa judicial N.º 92/2026, que investiga presuntos delitos de lesión de confianza y otras irregularidades relacionadas con Ueno Bank. La medida también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex titular del Banco Central de Paraguay.

Pero detrás de esta crisis política hay miles de historias de familias que, de un día para otro, se encontraron con la incertidumbre de no poder disponer de su propio dinero. Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de poco más de seis millones de habitantes. Entre los afectados figuran unos 32.000 jubilados, mientras las autoridades trabajan para garantizar la recuperación de los depósitos.

El escándalo estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central paraguayo intervino la entidad por incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. Según las investigaciones difundidas por Reuters y el medio de verificación Chequeado, el banco administraba alrededor de 800 millones de dólares provenientes de fondos públicos y está bajo investigación por presuntos préstamos irregulares a empresas vinculadas con sus propietarios.

La situación también puso bajo la lupa los vínculos comerciales que Peña había mantenido con empresas del Grupo Vázquez, relacionado con Ueno Bank. El expresidente había declarado participaciones accionarias que, según su versión, vendió durante 2025. La Justicia busca determinar si existieron conflictos de intereses, utilización indebida de recursos estatales o responsabilidades de funcionarios que debían controlar el funcionamiento de la entidad.

Peña negó haber cometido irregularidades. Sin embargo, las acusaciones, el malestar social y las protestas que se multiplicaron en Asunción terminaron debilitando su gobierno, incluso dentro de su propio espacio político.

Con su destitución, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser removido mediante un juicio político desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner. El antecedente más cercano fue Fernando Lugo, destituido en junio de 2012.

Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay y deberá completar el mandato previsto hasta agosto de 2028, en medio del desafío de recuperar la estabilidad institucional y la confianza de los ciudadanos.