Por: Redacción Actualidad Jachallera

Según el relevamiento del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, de la organización MuMaLá, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026 se contabilizaron 239 femicidios y muertes violentas vinculadas al género, de los cuales 177 fueron femicidios directos. Solo durante octubre se registraron 36 casos, una cifra que vuelve a encender las alarmas y pone en evidencia la gravedad de una problemática que continúa cobrándose vidas.

Uno de los datos más dolorosos del informe tiene que ver con las consecuencias que estos crímenes dejan en las familias. En lo que va del año, 179 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Son chicos que tendrán que afrontar una ausencia irreparable, familias que intentarán reconstruirse en medio del dolor y comunidades enteras que quedan marcadas por estas tragedias.

A esta preocupante realidad se suman 728 intentos de femicidio registrados durante el mismo período. Se trata de mujeres que atravesaron situaciones de violencia extrema y lograron sobrevivir, aunque muchas de ellas deberán convivir con las secuelas físicas, psicológicas y emocionales de lo ocurrido.

El relevamiento también revela que el peligro, en muchos casos, se encuentra dentro del propio hogar. El 59% de las víctimas fue asesinado en su vivienda o en el domicilio que compartía con su agresor, mientras que el 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares. Estos datos muestran que, para muchas mujeres, el lugar que debería representar seguridad y protección termina convirtiéndose en el escenario de la violencia más extrema.

Otro aspecto especialmente preocupante está relacionado con las denuncias previas y las medidas de protección. Entre las víctimas que habían denunciado a sus agresores, el 75% contaba con una orden de restricción y el 12% disponía de un botón antipánico. Sin embargo, estas herramientas no fueron suficientes para evitar los crímenes, lo que vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento y asistencia.

Entre las historias que conmocionaron al país durante octubre aparece la de Nancy Godoy, una docente rural de Corrientes que permaneció desaparecida durante 20 días hasta que finalmente encontraron su cuerpo. Su caso generó una profunda conmoción y volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia y la necesidad de actuar a tiempo frente a las situaciones de violencia.

Desde MuMaLá también advirtieron sobre el impacto que tienen las dificultades económicas, el endeudamiento, la pérdida del poder adquisitivo y la sobrecarga de responsabilidades en la vida cotidiana de muchas mujeres. En ese contexto, remarcaron la importancia de garantizar políticas públicas que permitan prevenir la violencia, acompañar a quienes están en riesgo y brindar herramientas concretas para que puedan salir de situaciones de peligro.

La organización volvió a reclamar al Estado nacional y a los gobiernos provinciales el cumplimiento efectivo de las leyes y la implementación de medidas destinadas a prevenir, asistir y erradicar la violencia de género. El pedido apunta especialmente a fortalecer los dispositivos de atención, garantizar recursos y asegurar respuestas rápidas cuando una mujer denuncia amenazas o agresiones.