Por: Redacción Actualidad Jachallera

Durante la madrugada de este viernes 30 de octubre, el Senado aprobó una reforma que propone modificar aspectos importantes de la legislación vigente desde 2010, especialmente en lo relacionado con las internaciones, la intervención de los profesionales y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Con 42 votos afirmativos y 21 negativos, la Cámara alta le dio media sanción a la iniciativa impulsada por el oficialismo, que ahora deberá pasar por Diputados. Por lo tanto, los cambios todavía no están vigentes y deberán completar el proceso legislativo para convertirse en ley.

El proyecto amplía los criterios de intervención ante circunstancias que representen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. Además, establece que, en situaciones excepcionales, un médico podrá indicar una internación que deberá ser posteriormente evaluada por un equipo interdisciplinario. Para esos casos, el plazo de revisión pasaría de 24 a 48 horas.

Otro aspecto que generó un intenso debate fue la participación de los profesionales de la salud. La propuesta inicialmente otorgaba mayor protagonismo a los psiquiatras, pero después de negociaciones con representantes provinciales y sectores académicos se incorporaron modificaciones para garantizar también la intervención de psicólogos.

La discusión también puso sobre la mesa las dificultades que existen en distintas localidades del interior del país, donde conseguir atención especializada puede resultar complicado por la falta de profesionales o de establecimientos adecuados.

Para atender parte de esa problemática, la reforma contempla la posibilidad de realizar teleconsultas en aquellas zonas donde no haya especialistas disponibles, una herramienta que podría facilitar la intervención profesional en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Además de los consumos problemáticos de sustancias, se contempla expresamente la ludopatía, una problemática vinculada con las apuestas y los juegos de azar que puede afectar seriamente la vida personal, familiar y económica de quienes la padecen.

En cuanto al acompañamiento familiar, se establecen criterios específicos sobre quiénes podrán intervenir en representación de los pacientes. Se contempla la participación de padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales. Cuando una persona no cuente con una red familiar o responsables que puedan acompañarla, el Estado deberá garantizar dispositivos de apoyo y asistencia comunitaria.

La atención de niños, niñas y adolescentes también ocupa un lugar importante dentro de los cambios propuestos. El proyecto reconoce su derecho a ser escuchados, la confidencialidad y la autonomía progresiva, además de establecer que la atención deberá realizarse en dispositivos diferenciados de los destinados a personas adultas.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de cuestionamientos. Uno de los principales interrogantes fue cómo se financiarán los cambios y si las provincias contarán con los recursos necesarios para garantizar su aplicación.

Durante la sesión, el senador catamarqueño Guillermo Andrada advirtió sobre la falta de financiamiento y sostuvo que la legislación vigente no había contado con las herramientas suficientes para desarrollarse plenamente. Otros legisladores también plantearon la necesidad de asegurar presupuesto, infraestructura y profesionales antes de ampliar las obligaciones del sistema sanitario.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma al considerar que permitirá intervenir con mayor rapidez frente a situaciones críticas. La senadora Patricia Bullrich destacó la importancia del trabajo conjunto entre psiquiatras y psicólogos, mientras que la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, planteó la necesidad de actualizar los criterios de intervención.