Por: Redacción Actualidad Jachallera

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió al Congreso comenzó a ser analizado en detalle y encendió una nueva discusión alrededor de dos áreas particularmente sensibles: las políticas destinadas a las personas con discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH). La iniciativa todavía debe atravesar el debate parlamentario y, por lo tanto, las modificaciones propuestas aún no están vigentes.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación está relacionado con la discapacidad. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) difundido por Infobae, la partida prevista para el área se ubicaría un 24,4% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales. Es decir, tomando en cuenta el efecto de la inflación y comparando los recursos disponibles entre ambos períodos.

Pero la discusión no pasa únicamente por cuánto dinero aparece presupuestado. El proyecto también propone modificar artículos vinculados con la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. LA NACION informó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo plantea derogar los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, entre ellos disposiciones relacionadas con prestaciones y mecanismos establecidos durante la emergencia.

A esto se suma un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que advirtió sobre modificaciones al esquema de prestaciones. Según esa organización, el programa Incluir Salud tendría para 2027 una reducción real del 13,9% frente a 2026 y del 19% si la comparación se realiza con 2023.

El Gobierno nacional, por su parte, viene sosteniendo que busca ordenar el sistema, garantizar la sustentabilidad de las prestaciones y mejorar los mecanismos de control. A comienzos de septiembre, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, expuso ante la Cámara de Diputados y afirmó que la prioridad oficial es garantizar la atención sanitaria y las prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias de una manera que el Ejecutivo considera transparente y sostenible.

Otro cambio importante aparece en un beneficio que alcanza a millones de hogares argentinos: la Asignación Universal por Hijo.

El artículo 17 del proyecto de Presupuesto propone derogar disposiciones de la Ley 27.160 que establecen el mecanismo de actualización automática de la AUH y de otras asignaciones familiares. Esto no significa que la AUH desaparezca ni necesariamente que su monto vaya a reducirse nominalmente en 2027. Lo que cambiaría, si el Congreso aprueba el artículo tal como fue presentado, es la garantía de una fórmula automática para determinar sus aumentos.

Actualmente, las asignaciones se actualizan de acuerdo con el mecanismo vigente. Con la modificación propuesta, los incrementos quedarían sujetos a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo, ya que el proyecto no incorpora en reemplazo una nueva fórmula automática ni una periodicidad obligatoria de actualización.

Este punto resulta especialmente sensible porque la AUH representa un ingreso fundamental para una enorme cantidad de familias que deben afrontar todos los meses gastos de alimentación, indumentaria, transporte, medicamentos y escolaridad.

Desde el Gobierno destacan, en cambio, la recuperación que tuvo la prestación durante su gestión. En el mensaje que acompaña al Presupuesto 2027, el Ejecutivo sostuvo que la AUH registró una mejora cercana al 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y señaló que, sumada a la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas alimentarias medidas por el INDEC.

Por eso, hablar simplemente de una eliminación o de un recorte directo de la AUH podría resultar impreciso. La discusión central que abre el Presupuesto 2027 es otra: si las actualizaciones continuarán garantizadas mediante una fórmula establecida por ley o si pasarán a depender de decisiones administrativas del Ejecutivo.

En discapacidad, mientras tanto, la controversia combina partidas presupuestarias con modificaciones de reglas que regulan prestaciones, pensiones y aranceles. Organizaciones sociales y sectores de la oposición ya expresaron cuestionamientos, mientras que el oficialismo deberá defender el proyecto cuando comience formalmente su tratamiento en el Congreso.

La discusión recién empieza. El Presupuesto 2027 es, por ahora, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y deberá ser debatido, eventualmente modificado y votado por diputados y senadores. Hasta que ese proceso concluya, ninguno de estos cambios puede considerarse definitivamente aprobado.