Por: Redacción Actualidad Jachallera

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia vinculada al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer considerablemente las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago y los espacios marítimos circundantes sin autorización de la Argentina.

El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Carlos Presti, de Defensa, y Luis Caputo, de Economía, deberá ahora atravesar el debate legislativo en el Congreso.

Uno de los cambios centrales es que el nuevo régimen ya no estaría limitado exclusivamente a la actividad hidrocarburífera. La propuesta alcanza a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes y la Plataforma Continental Argentina.

De esta manera, el alcance de las sanciones podría involucrar actividades vinculadas no solamente con el petróleo, sino también con otros recursos naturales.

Las penas contempladas son particularmente severas. Según el proyecto, quienes realicen exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización argentina podrían enfrentar entre 12 y 20 años de prisión.

Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala prevista asciende a entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas que podrían alcanzar un valor equivalente a millones de barriles de petróleo.

Las sanciones administrativas también tendrían un fuerte impacto económico. Las personas o compañías involucradas podrían recibir multas calculadas sobre el valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, sufrir la suspensión o cancelación de permisos y quedar inhabilitadas durante períodos de entre cinco y 20 años.

Pero el proyecto busca avanzar un paso más sobre la cadena vinculada a esas actividades. Los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales sabiendo que serán utilizados para explotaciones consideradas ilegales por la legislación argentina también podrían quedar alcanzados. En esos casos se contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión.

Para las empresas, las consecuencias podrían incluir la revocación de habilitaciones, suspensión de actividades por hasta 30 años, prohibición de contratar con el Estado argentino y, en determinadas circunstancias, hasta su disolución o liquidación.

La iniciativa aparece en medio de la creciente tensión por el desarrollo petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las Malvinas. A comienzos de septiembre, el Gobierno argentino había anunciado que reforzaría las herramientas legales, administrativas y judiciales frente al avance de ese proyecto.

El Reino Unido mantiene una posición opuesta a la argentina. El gobierno británico sostiene que las empresas que desarrollan actividades en las islas bajo las licencias otorgadas por las autoridades locales están habilitadas para hacerlo y rechaza que la legislación argentina tenga jurisdicción sobre esas operaciones.

El proyecto enviado al Congreso, además, es mucho más amplio que el capítulo referido a Malvinas. Propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con participación de áreas como Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia.