Por: Redacción Actualidad Jachallera

El episodio se había producido el 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero, en plena cordillera sanjuanina. Sin embargo, fue durante las horas siguientes cuando la noticia comenzó a bajar de la montaña y a circular con fuerza entre los jachalleros, principalmente a través de mensajes.

Lo que inicialmente apareció como una versión que hablaba de unos 15 mil litros terminó adquiriendo una dimensión muchísimo mayor. Con el correr de los días, las cifras fueron modificándose hasta que Barrick reconoció que el derrame había superado el millón de litros de solución cianurada. La solución salió del sistema de lixiviación y alcanzó el río Potrerillos, afluente de la cuenca que aguas abajo se vincula con el sistema hídrico del río Jáchal.

Para Jáchal, sin embargo, aquella historia comenzó mucho antes de que estuvieran claras las cifras.

El 14 de septiembre de 2015, mientras todavía reinaba la incertidumbre, vecinos comenzaron a movilizarse frente a la Municipalidad para exigir explicaciones. Barrick reconoció entonces la rotura de una válvula, aunque calificó como “versiones infundadas” las posibilidades de contaminación de los ríos de la cuenca. Dos días después, la propia compañía confirmó afectación en el río Las Taguas, aunque sostuvo que los niveles registrados no implicaban riesgos para la salud humana.

El juez Pablo Oritja dispuso inicialmente la suspensión de las operaciones en el área de lixiviación y posteriormente extendió la clausura preventiva. Para fines de septiembre ya habían sido imputados nueve empleados de la compañía y Jáchal era escenario de multitudinarias movilizaciones que reclamaban información y garantías sobre el agua.

Increiblemente aún no hubo condenas y mucho tuvo que ver la jueza federal María Romilda Servini, que dejó prescribir la causa. La Asamblea Jáchal No Se Toca sigue sostiene el pedido de justicia y mantiene la organización por la defensa del agua y la vida.

Pero aquel derrame, que por su magnitud quedó grabado en la memoria colectiva de los jachalleros, no sería el último. Lamentablemente fueron muchos más.

Una comunicación de relatores especiales de Naciones Unidas señaló que las comunidades de Rodeo y San José de Jáchal, ubicadas aguas abajo de Veladero, estuvieron expuestas entre 2015 y 2021 a cuatro derrames de sustancias provenientes de la mina y cuestionó la oportunidad con la que esos episodios fueron informados.

Once años después, aquel septiembre todavía ocupa un lugar particular en la memoria de Jáchal.

De aquel episodio también nació una de las expresiones sociales más fuertes de la historia reciente del departamento. El reclamo ambiental se instaló definitivamente en la agenda pública, atravesó gobiernos, llegó a los tribunales y convirtió a Jáchal en uno de los puntos centrales del debate argentino sobre minería, glaciares y protección de las fuentes de agua.

El aniversario de 2026, además, encuentra nuevamente esa discusión en primer plano nacional, después de los cambios introducidos este año en el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial, una cuestión especialmente sensible para San Juan y para las comunidades ubicadas aguas abajo de los emprendimientos cordilleranos.

Por eso, cada septiembre la fecha significa mucho más que recordar una cifra.

Pasaron once años, cambiaron gobiernos, autoridades, discursos y estructuras empresariales. Pero en Jáchal permanece prácticamente intacta una pregunta que nació con fuerza en septiembre de 2015 y que todavía forma parte de la conversación cotidiana de muchos vecinos: quién cuida el agua y quién garantiza que algo semejante no vuelva a ocurrir.