Por: Redacción Actualidad Jachallera

El planteo aparece en un momento particularmente sensible para muchos hogares, donde las deudas dejaron de estar vinculadas solamente a compras extraordinarias y comenzaron a utilizarse para sostener gastos cotidianos. Según explicó Arancibia, la pérdida del poder adquisitivo llevó a muchas personas a recurrir al crédito para afrontar alimentos, servicios y otras necesidades básicas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa apunta directamente a los descuentos que se realizan sobre los ingresos de los trabajadores y, particularmente, a la situación de empleados públicos que cobran sus haberes a través del Banco San Juan. Arancibia cuestionó la magnitud que pueden alcanzar esas deducciones y sostuvo que existen casos donde el nivel de descuentos termina comprometiendo prácticamente la totalidad del ingreso disponible de una familia.

La propuesta establece que los empleados públicos puedan solicitar, durante un período de un año, la suspensión de determinados códigos de descuento voluntarios vinculados con préstamos, compras financiadas y otras obligaciones. Esto no significaría que la deuda desaparezca: el compromiso seguiría vigente y el acreedor tendría que ofrecer un mecanismo gratuito para continuar abonándolo por otra vía.

Además, las deducciones voluntarias que continuaran realizándose no podrían provocar que el trabajador quede con menos del 60% de su salario neto disponible, una vez consideradas las retenciones obligatorias, cuotas alimentarias y embargos judiciales. La intención es establecer un piso que permita que, aun teniendo deudas, una persona conserve una parte sustancial de sus ingresos para afrontar comida, servicios, transporte y demás necesidades del hogar.

Otro de los ejes propone declarar durante 12 meses una emergencia por sobreendeudamiento familiar en San Juan. Durante ese período se implementaría un programa de asistencia y conciliación administrativa destinado a personas en mora, a quienes destinen más del 30% de sus ingresos al pago de obligaciones o a quienes directamente no puedan cumplir con las cuotas sin poner en riesgo sus necesidades básicas.

La iniciativa también plantea una responsabilidad compartida. El deudor debería transparentar su situación económica y realizar el mayor esfuerzo posible para regularizar sus compromisos, mientras que las entidades financieras deberían asumir parte del riesgo cuando hayan otorgado créditos sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago, aplicado cargos considerados injustificados o impulsado refinanciaciones que terminaron siendo imposibles de sostener.

Entre las alternativas propuestas aparece la posibilidad de negociar cambios que permitan eliminar cargos ilegítimos, reducir intereses, condonar intereses punitorios y moratorios, establecer hasta 90 días de gracia y generar planes de pago que podrían extenderse hasta 48 meses.

También se pretende avanzar hacia un sistema de “crédito responsable”, obligando a las entidades a evaluar y documentar la capacidad real de pago de una persona antes de otorgarle o refinanciarle un préstamo, además de informar claramente cuál será el costo efectivo del financiamiento.

La discusión no es exclusivamente sanjuanina. A nivel nacional también existen planteos y debates vinculados con el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, en un escenario donde cada vez más hogares recurren al financiamiento para sostener consumos y gastos habituales.

En San Juan, la iniciativa presentada por Arancibia incorpora además la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, que permitiría contar con estadísticas sobre morosidad, porcentaje de ingresos comprometidos, utilización del crédito y resultados de los acuerdos alcanzados entre acreedores y deudores.

La propuesta no plantea que el Estado provincial se haga cargo de las deudas privadas ni que garantice el dinero adeudado.