Por: Redacción Actualidad Jachallera

La denuncia penal fue impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directivos, administradores y representantes que pudieran haber participado de las actividades investigadas.

El argumento central del Gobierno es que algunas de estas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas para realizar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte. Para la administración de Javier Milei, esas autorizaciones no tienen legitimidad y las operaciones podrían constituir una violación de la Ley 26.659, que establece restricciones para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización.

En el centro de la disputa aparece el proyecto petrolero Sea Lion, uno de los desarrollos offshore más importantes previstos en las aguas que rodean las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee una participación del 65% en el proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

De acuerdo con información difundida por Reuters, la primera producción de petróleo de Sea Lion está prevista para 2028. En su primera etapa, el proyecto apunta a alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles diarios, una magnitud que transforma al emprendimiento en una pieza económica de peso y explica buena parte de la preocupación del Gobierno argentino.

Las compañías involucradas sostienen, por su parte, que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y han señalado que el proyecto dispone del respaldo británico. El Reino Unido mantiene su posición sobre la soberanía del archipiélago y volvió a rechazar el planteo argentino, en medio de una nueva escalada diplomática alrededor de Malvinas.

La ofensiva argentina, sin embargo, no termina en la denuncia penal. El Gobierno también puso en marcha procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con las actividades petroleras. Inicialmente se habían iniciado actuaciones contra 45 sujetos y posteriormente se incorporaron otros 15, llevando a 60 el universo de personas humanas y jurídicas alcanzadas por los procedimientos administrativos.

De esta manera, la Casa Rosada busca ampliar la presión sobre toda la cadena relacionada con los proyectos petroleros: no solamente sobre las compañías que poseen las licencias, sino también sobre accionistas, directivos y empresas proveedoras que participen de las operaciones.

La estrategia marca un endurecimiento de la posición del presidente Javier Milei respecto de la explotación de recursos naturales alrededor de las Malvinas. El mandatario anticipó además la intención de impulsar nuevas herramientas legislativas para profundizar las sanciones contra quienes participen de actividades petroleras en las islas sin autorización argentina.

La cuestión tiene una fuerte carga histórica y emocional para el país. La Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras que el Reino Unido administra las Malvinas y mantiene una posición contrapuesta respecto de la soberanía.