Por: Redacción Actualidad Jachallera

La iniciativa apunta a actualizar un régimen que tiene varias décadas de vigencia y, fundamentalmente, busca darle mayor transparencia al proceso de adjudicación. De aprobarse la reforma, las familias interesadas deberán estar previamente empadronadas y cumplir con los criterios que establezca la reglamentación antes de quedar habilitadas para participar de los sorteos.

Uno de los puntos centrales será justamente el sorteo público. La propuesta establece que este mecanismo pase a ser la regla para otorgar los beneficios y también para determinar la asignación de las unidades habitacionales. Sin embargo, se contemplarán algunas excepciones para situaciones particulares.

Antes de llegar al sorteo habrá otra instancia clave: un sistema de puntaje destinado a determinar qué familias reúnen las condiciones para participar.

Para esa evaluación se tendrán en cuenta diferentes aspectos de la realidad de cada grupo familiar, entre ellos su composición, los ingresos, las condiciones en las que viven, posibles situaciones de hacinamiento, determinadas condiciones de salud, la antigüedad dentro del registro del IPV y otros casos alcanzados por leyes especiales. También se contemplará la inexistencia de antecedentes penales y la situación frente al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Otro de los cambios previstos es la creación de un Registro Público Digital de beneficiarios. La intención es que cualquier ciudadano pueda consultar, de manera gratuita y permanente, información sobre las personas beneficiadas, las fechas y el estado de cada beneficio, aunque preservando los datos personales considerados sensibles. Ese registro deberá mantenerse actualizado por el propio IPV.

El proyecto también incorpora cupos especiales que podrán representar hasta el 20% de los programas habitacionales. Dentro de esos sectores aparecen las personas con discapacidad y sus familias, mujeres jefas de hogar que sean responsables exclusivas de su grupo familiar, integrantes de las fuerzas de seguridad, docentes y trabajadores del sistema sanitario que residan y desarrollen sus tareas en San Juan. Los porcentajes concretos para cada sector quedarán sujetos a la reglamentación.

Uno de los capítulos que promete generar mayor repercusión es el referido a los funcionarios públicos. La iniciativa plantea restricciones para que determinadas autoridades políticas y funcionarios de los tres poderes provinciales y de los municipios puedan acceder a viviendas sociales.

Las limitaciones también podrían alcanzar, bajo determinadas condiciones, a cónyuges, convivientes y familiares directos hasta segundo grado, además de relaciones comerciales, contractuales o societarias cuando pueda existir un conflicto de intereses o un beneficio indirecto. Incluso, la restricción prevista se extendería durante dos años posteriores al cese en el cargo.

Además, si se comprobara que una persona falseó información para conseguir una vivienda, el beneficio podría quedar sin efecto y el responsable exponerse a consecuencias administrativas, civiles o penales.

La reforma introduce también lo que denomina “principio de realidad”. En términos prácticos, significa que a la hora de analizar un caso tendrá mayor peso la verdadera situación social, económica y habitacional de una familia, además de cuestiones como la necesidad concreta de una vivienda y su ocupación efectiva.

En esa misma línea, las casas entregadas deberán conservar una finalidad exclusivamente social. La intención es impedir que las unidades adjudicadas por el Estado terminen utilizadas con objetivos comerciales, especulativos o de inversión.

Otro cambio será la creación de un canal digital, público y gratuito para denunciar presuntas irregularidades. El sistema permitirá realizar denuncias anónimas y deberá garantizar la confidencialidad. Cuando existan elementos suficientes, las presentaciones podrán dar lugar a investigaciones administrativas.

Finalmente, el proyecto busca acelerar los procedimientos para recuperar viviendas o terrenos donde se detecten irregularidades, especialmente en emprendimientos construidos o financiados por el Estado. También pretende agilizar la regularización dominial de esos inmuebles.