Por: Redacción Actualidad Jachallera

La entrada en vigencia alcanza también a San Juan y abre un escenario particular para la Justicia provincial, ya que el nuevo sistema nacional está basado en un modelo acusatorio, con un rol central del Ministerio Público Fiscal, mientras que el fuero penal de menores sanjuanino todavía funciona bajo un esquema procesal diferente, en el que los jueces tienen a su cargo la investigación.

La nueva legislación es la Ley Nacional 27.801, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero y publicada el 9 de marzo. La propia norma estableció un plazo de 180 días para comenzar a aplicarse, período que se cumplió este sábado 5 de septiembre. De esta manera, quedó atrás el régimen penal juvenil que tenía como referencia una edad mínima de punibilidad de 16 años.

A partir de ahora, los adolescentes desde los 14 años pueden quedar sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de determinados delitos. Sin embargo, el nuevo régimen no se limita a bajar la edad de imputabilidad: establece un sistema específico para personas menores de edad, con garantías procesales y herramientas que buscan que la privación de la libertad sea acompañada por un tratamiento diferenciado respecto del régimen aplicable a los adultos. Entre las modificaciones se contemplan medidas alternativas al encierro y se fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.

También aparecen mecanismos que apuntan a resolver determinados conflictos sin llegar necesariamente a una condena de prisión. La legislación contempla, bajo determinadas condiciones, el criterio de oportunidad, la mediación penal y la suspensión del proceso a prueba. Son instrumentos que pueden incluir reparaciones del daño, pautas de conducta, tareas comunitarias y otras medidas orientadas a la responsabilización y reinserción del adolescente.

Pero la puesta en marcha de la ley encuentra a San Juan en medio de una transición jurídica que deberá resolverse rápidamente.

La Ley 27.801 establece que los procesos contra niños y adolescentes deben respetar los principios y garantías propios del sistema procesal acusatorio. En ese modelo, los fiscales conducen la investigación mientras los jueces cumplen fundamentalmente una función de control y decisión. En San Juan, ese sistema ya funciona para los procesos penales de adultos, pero todavía no fue implementado plenamente en el fuero de menores.

En un primer momento, la Corte de Justicia de San Juan trabajó en una acordada de emergencia para compatibilizar ambos esquemas. La intención era permitir que los jueces de Niñez y Adolescencia pudieran adoptar provisoriamente algunas decisiones que la nueva legislación nacional reserva a los fiscales, como determinadas salidas alternativas. Finalmente, esa posibilidad fue descartada.

Según se supo surgieron diferencias internas y cuestionamientos respecto de la vía jurídica elegida. El punto central fue que una acordada de la Corte tiene naturaleza administrativa y, al modificar en los hechos cuestiones procesales establecidas por ley, podía interpretarse que el Poder Judicial estaba avanzando sobre facultades propias del Poder Legislativo. Incluso se advertía sobre el riesgo de futuros planteos de inconstitucionalidad o nulidad dentro de causas penales juveniles.

Ante esa situación, la solución provisoria pasará por la Cámara de Diputados de San Juan. De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, está prevista una sesión especial para el próximo viernes 11 de septiembre, en la que se buscará aprobar una norma que permita compatibilizar transitoriamente el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional con el procedimiento que actualmente utiliza la provincia.

Paralelamente, San Juan trabaja en una solución de fondo: un nuevo Código Procesal Penal específico para menores, diseñado directamente bajo el sistema acusatorio. El proyecto viene siendo analizado por representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos vinculados con niñez, adolescencia y seguridad.

Hasta que esa adecuación se concrete, los operadores judiciales deberán afrontar una etapa inédita. Desde este sábado la ley nacional está vigente, pero la provincia todavía tiene que terminar de acomodar su estructura procesal para aplicarla plenamente.

Esto significa que cualquier nuevo hecho delictivo que involucre a adolescentes alcanzados por la Ley 27.801 pondrá a prueba esa convivencia entre normas. Los jueces, fiscales, defensores y asesores deberán resolver cada situación respetando las garantías establecidas por el nuevo régimen mientras se completa la adecuación legislativa provincial.

El cambio también tendrá impacto territorial en toda la provincia. Jáchal, como el resto de los departamentos sanjuaninos, queda alcanzado desde este sábado por la nueva legislación nacional cada vez que se produzca una intervención judicial relacionada con adolescentes comprendidos por el régimen.