Por: Redacción Actualidad Jachallera

La Justicia Federal puso bajo la lupa al empresario español Juan José Retamero Gómez, vinculado directamente con la mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y falsedad en balances. La investigación también alcanza a Guillermo Daniel García, expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El expediente se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y representa un nuevo capítulo de una extensa disputa judicial entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y el grupo Iberte. El caso adquiere particular relevancia para San Juan y especialmente para Jáchal por la relación de Retamero con Minas Argentinas S.A., operadora del yacimiento aurífero Gualcamayo.

La causa quedó formalmente en manos de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del fiscal Ramiro González, luego de una decisión adoptada por el juez federal Daniel Rafecas.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Luciana Govoni, apoderada de Fecovita. De acuerdo con la acusación, los denunciados habrían montado una operatoria destinada a canalizar fondos cuyo origen se encuentra ahora bajo análisis judicial.

La hipótesis presentada ante la Justicia sostiene que parte de esos capitales habría ingresado al país mediante operaciones de contado con liquidación y posteriormente habría sido registrada como aumentos de capital en empresas locales. Siempre según la denuncia, esos aumentos habrían sido posteriormente dejados sin efecto para generar deudas entre compañías pertenecientes al mismo entramado empresario.

Por el momento se trata de una hipótesis de investigación y no de hechos probados ni de una condena contra los empresarios involucrados.

La magnitud de los movimientos financieros que comenzaron a analizarse es uno de los puntos centrales del expediente. La Fiscalía requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y avanzó sobre documentación correspondiente a cuentas de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA).

Entre las operaciones bajo análisis aparecen transferencias por $1.027.824.187 en Banco Galicia, realizadas entre enero de 2022 y enero de 2023. También se investiga un ingreso de $198.610.000 en Banco Macro, registrado durante agosto de 2022.

A esto se suman movimientos en Banco Coinag, donde se analizan créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436, además de operaciones en Banco Supervielle que incluyen depósitos de cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de fondos comunes de inversión por $368.435.259,45.

La Fiscalía también solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información vinculada con fiscalizaciones y operaciones de comercio exterior realizadas por EVISA.

El avance de la investigación federal tiene como protagonista a un empresario estrechamente ligado a Gualcamayo, uno de los emprendimientos mineros más importantes de Jáchal.

Detrás del nuevo expediente aparece una disputa empresarial que lleva varios años. El conflicto comenzó luego del acuerdo que Fecovita e Iberte alcanzaron hacia fines de 2020 para desarrollar negocios relacionados con la exportación de vino y jugo concentrado de uva, vínculo que incluyó la conformación de EVISA.

La relación comercial terminó deteriorándose hasta llegar a una rescisión formal en octubre de 2022. En aquel acuerdo quedó establecida una deuda de Fecovita por $3.515.622.630,20. Posteriormente, representantes vinculados a Iberte denunciaron en Mendoza presuntas irregularidades relacionadas con la inclusión de esa obligación en los balances de la cooperativa.

De esta manera, la disputa tiene causas y acusaciones cruzadas. Mientras en Mendoza avanzaron actuaciones contra integrantes de la conducción de Fecovita, ahora en Comodoro Py la Justicia Federal analiza la denuncia presentada contra Retamero Gómez y García.

Precisamente por la complejidad de esa pelea empresarial y judicial, Rafecas resolvió avanzar con cautela. El pasado 11 de agosto delegó formalmente la investigación en la Fiscalía Federal N° 1 para profundizar la recopilación de información bancaria, financiera, fiscal y aduanera.

Al mismo tiempo, el magistrado mantuvo en suspenso el pedido de Fecovita para ser aceptada formalmente como querellante, mientras se incorporan nuevas pruebas que permitan establecer con mayor precisión qué ocurrió con las operaciones cuestionadas.

La defensa de Juan José Retamero Gómez ya se encuentra constituida en el expediente y está encabezada por los abogados Facundo Sarrabayrouse y Tomás Dakkache.

La investigación recién atraviesa una instancia en la que la Justicia busca reunir y analizar documentación. No existe hasta el momento una sentencia que determine responsabilidad penal de los involucrados.

 

Con información de Tiempo de San Juan