Por: Redacción Actualidad Jachallera

La medida fue dispuesta por el jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez, luego de que una auditoría interna detectara importantes inconsistencias entre el armamento existente y los registros oficiales. Por el momento, la investigación permanece en la órbita administrativa, aunque desde la fuerza no descartan que el caso pueda derivar en una denuncia penal si las armas no aparecen o si se comprueba la existencia de algún delito.

Las primeras averiguaciones apuntan a un importante desorden administrativo acumulado durante varios años. Sin embargo, esa no es la única hipótesis que manejan los investigadores. También se analiza la posibilidad de un eventual robo o del desvío de las pistolas Bersa calibre 9 milímetros cuya ubicación aún no pudo ser determinada.

Como parte de esta reestructuración, todo el personal que se desempeñaba en la División Armamento fue reasignado a otros destinos. El suboficial principal Mauricio Javier Ríos fue trasladado a la Unidad Coordinadora de Departamentales; la cabo primero Laura Verónica Aballay pasó a la Sección Comunal Nº 1 Centro; el cabo primero Javier Darío Lucero fue destinado a la Departamental 7 Oeste; el cabo primero Martín Hernán Villalobos a la Comisaría 2ª de Concepción; el cabo Carlos Andrés Chaves a la Comisaría 3ª de Trinidad; el cabo Franco Miguel Troncoso a la Unidad Operativa La Cañada; y el cabo Franco Gabriel Tejada a la Comisaría 26ª Cabo Félix Javier Salinas.

Las irregularidades comenzaron a salir a la luz durante la auditoría que reveló diferencias entre el armamento físicamente disponible y el que figuraba en la documentación oficial. Uno de los episodios que más llamó la atención de quienes llevan adelante la investigación fue la detección de subcomisarios utilizando pistolas que, según los registros, estaban asignadas nominalmente a cabos, una situación que dejó al descubierto importantes falencias en el sistema de control y administración del armamento policial.

Las armas involucradas forman parte de un lote de 500 pistolas calibre 9 milímetros adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022 mediante una licitación pública a la firma Punto de Impacto. De acuerdo con las primeras actuaciones, las inconsistencias fueron detectadas en los lotes de fabricación identificados con las letras M y N.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que una de las principales complicaciones radica en la falta de un sistema digital que permita realizar un seguimiento individual de cada arma reglamentaria. Esa deficiencia habría favorecido un importante desorden en la administración del material y alimenta una de las hipótesis que hoy se encuentra bajo análisis: que parte del armamento permanezca todavía guardado en sus cajas originales, sin haber sido incorporado formalmente a los inventarios de la fuerza.

En paralelo con los traslados, la Jefatura de Policía también dispuso cambios en la conducción de la División Armamento. El subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado como nuevo responsable del área y tendrá la misión de encabezar el proceso de normalización de los inventarios y fortalecer los mecanismos de control sobre las armas reglamentarias.

La investigación sobre las pistolas desaparecidas no es el único expediente abierto dentro de la Policía de San Juan. De manera paralela también se desarrolla otra causa administrativa destinada a establecer el destino de computadoras adquiridas para la fuerza que tampoco pudieron ser localizadas.