Por: Redacción Actualidad Jachallera

La situación genera preocupación entre organizaciones vinculadas a la salud que denuncian un verdadero "desabastecimiento" de un programa que funcionó de manera ininterrumpida durante más de dos décadas y que representa una herramienta fundamental para miles de personas que dependen del sistema público para acceder gratuitamente a medicamentos esenciales.

El Plan Remediar nació en 2002, en un país todavía golpeado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis de 2001. Su objetivo fue, desde entonces, garantizar el acceso gratuito a medicamentos mediante la provisión directa en centros de salud y hospitales. A través de sus botiquines llegaron durante años antibióticos, corticoides, antihipertensivos y otros tratamientos indispensables para pacientes que, en muchos casos, no cuentan con los recursos económicos necesarios para comprarlos por sus propios medios.

Sin embargo, los números muestran una profunda transformación en el alcance del programa. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, durante 2026 el Gobierno nacional destinó $36.054 millones al Plan Remediar. La cifra representa una caída real del 72% en comparación con lo ejecutado durante 2023, último año de la gestión del Frente de Todos.

La reducción presupuestaria tiene su correlato en la cantidad de tratamientos efectivamente dispensados. Según un informe elaborado por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), perteneciente al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en todo el país se pasó de entregar 37,1 millones de tratamientos durante 2022 a solamente 14,1 millones en 2025. En términos porcentuales, significa una caída del 52% en un período de tres años.

El impacto, sin embargo, no se sintió inmediatamente con toda su intensidad. Las compras realizadas durante 2023 habían permitido acumular aproximadamente 18 meses de stock, una reserva que, según el propio informe, "amortiguó el impacto durante 2024 y buena parte de 2025". Una vez consumido ese respaldo, la disminución de las entregas comenzó a quedar más expuesta.

En marzo de 2026, durante una reunión del Consejo Federal de Salud, ámbito que reúne a todos los ministros de Salud provinciales, el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Luis Gorostordoy, anunció modificaciones en el programa con el objetivo declarado de "redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y garantizar una mayor eficiencia". Desde distintos sectores, no obstante, cuestionaron esa explicación y sostienen que detrás de los cambios existe un fuerte desabastecimiento del plan.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la drástica reducción prevista en el vademécum. El IECS, dirigido por Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, indicó que el programa contaba con 75 principios activos distribuidos en 99 presentaciones farmacéuticas. De acuerdo con el informe, esa cobertura se reduciría a apenas 30 medicamentos entre abril y septiembre y, desde ese último mes, quedarían únicamente tres medicamentos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.

La disminución también alcanza directamente a los botiquines enviados a los centros de atención sanitaria. Según el estudio, la cantidad entregada "cayó de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a 1 unidad por cada 100 habitantes". Además, de los 8.100 centros de salud que anteriormente recibían estos botiquines, solamente 800 continuarían haciéndolo hasta septiembre.

Detrás de cada una de estas cifras hay pacientes concretos y necesidades cotidianas. Personas que llegan a un centro de salud buscando un antibiótico para tratar una infección, familias que necesitan un antifebril para sus hijos, embarazadas que reciben hierro durante sus controles prenatales o adultos que requieren medicación permanente para convivir con una enfermedad crónica.

Camila Volij, especialista en Medicina Familiar e investigadora del CIIPS, detalló que entre los principales afectados se encuentra "la población pediátrica", debido a que dejarían de llegar antibióticos, analgésicos y antifebriles. También mencionó a las embarazadas, que quedarían sin el hierro que reciben durante los controles prenatales; a los adultos con enfermedades crónicas como diabetes e hipotiroidismo; a pacientes con EPOC y, en términos generales, a cualquier persona que atraviese una infección aguda.

Así, el escenario planteado alrededor del Plan Remediar excede una discusión puramente presupuestaria. La caída real del 72% en los recursos, la reducción del 52% en los tratamientos entregados, el achicamiento del vademécum y la disminución de los centros alcanzados ponen en discusión la continuidad y el alcance de una política sanitaria creada hace más de 20 años precisamente para que el acceso a medicamentos esenciales no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada paciente.