Por: Redacción Actualidad Jachallera

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recibió un fuerte respaldo institucional a su postura frente al debate por el acceso a la red de transporte eléctrico de 500 kV que será necesaria para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, una discusión que pone en el centro una cuestión considerada clave para el futuro energético de San Juan: quién debe asumir los costos derivados del mayor uso de una infraestructura pública que fue financiada históricamente por la Provincia y los usuarios.

La definición surgió durante la reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del EPRE, realizada este miércoles, donde representantes de municipios, legisladores, entidades empresarias, sindicatos, organizaciones civiles y usuarios analizaron la presentación efectuada por el organismo provincial ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Durante el encuentro, las autoridades del EPRE expusieron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos que sostienen su posición. El eje central del planteo es claro: acompañar el crecimiento y la expansión de la actividad minera, pero sin permitir que los costos generados por una mayor utilización de la infraestructura eléctrica terminen siendo trasladados a los usuarios sanjuaninos.

La postura adoptada por el organismo contempla una oposición formal al pedido de acceso a la red eléctrica en los términos actuales. Sin embargo, no se trata de una negativa definitiva ni cerrada, ya que el EPRE estableció la posibilidad de revisar su posición en caso de que la empresa vinculada al proyecto asuma compromisos concretos de mitigación que permitan compensar el impacto sobre el sistema eléctrico provincial.

De esta manera, el organismo provincial propone un esquema que busca compatibilizar dos objetivos: por un lado, generar las condiciones necesarias para el desarrollo de una actividad minera de gran escala y, por otro, proteger a los usuarios de San Juan frente a eventuales costos adicionales derivados de la utilización intensiva de la infraestructura energética existente.

 

Amplio acompañamiento de distintos sectores

La propuesta del EPRE recibió el respaldo de un amplio abanico de representantes políticos, institucionales, sindicales, empresariales y sociales. Entre quienes acompañaron la postura se encuentran los intendentes de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum, además de diputados provinciales y representantes de distintas instituciones.

También manifestaron su acompañamiento sectores vinculados a CASEMICA, la CGT San Juan, el Sindicato de Luz y Fuerza, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Ingenieros, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables, entre otras organizaciones.

La diversidad de los sectores presentes fue uno de los aspectos relevantes del encuentro, ya que permitió analizar la discusión desde distintas perspectivas y alcanzar una coincidencia en torno a un punto fundamental: el desarrollo de nuevas actividades económicas y productivas no debería traducirse en una carga adicional para quienes históricamente contribuyeron al financiamiento de la infraestructura eléctrica provincial.

 

Un estudio de la UNSJ-CONICET respaldó el criterio de mitigación

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la presentación del estudio elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ-CONICET, que brindó respaldo al criterio de mitigación impulsado por el EPRE.

De acuerdo con el informe presentado, la propuesta del organismo provincial se encuentra en línea con modelos regulatorios que ya son aplicados en países con un importante desarrollo de la actividad minera, entre ellos Australia, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.

Este respaldo técnico aportó un elemento central a la discusión, al mostrar que el criterio planteado por el EPRE no resulta aislado, sino que encuentra antecedentes en otros países donde la minería tiene una fuerte presencia y donde la relación entre los grandes proyectos productivos y la infraestructura energética constituye un aspecto fundamental de la regulación.

El planteo apunta a que el acceso a la red eléctrica contemple mecanismos que permitan mitigar y compensar los efectos derivados de una utilización de gran escala, especialmente cuando se trata de infraestructura pública que fue financiada durante años por el Estado provincial y los propios usuarios.

 

Libre acceso no significa utilización sin compensaciones

Los integrantes del Consejo Asesor coincidieron en que la posición adoptada por el organismo provincial cuenta con fundamentos técnicos sólidos y representa un esquema de equilibrio económico.

En ese sentido, uno de los conceptos centrales surgidos durante el encuentro fue que el principio de libre acceso a la red eléctrica no debe interpretarse como la posibilidad de utilizar sin compensaciones una infraestructura pública financiada históricamente por la Provincia y por los usuarios sanjuaninos.

Esta consideración adquiere especial relevancia frente a proyectos de gran envergadura, cuyo desarrollo puede implicar una utilización significativamente mayor del sistema eléctrico. La posición respaldada durante la reunión sostiene que ese crecimiento debe producirse bajo condiciones que preserven el equilibrio del sistema y eviten trasladar sus consecuencias económicas al conjunto de la población.

Así, la discusión no se plantea en términos de minería sí o minería no, sino alrededor de las condiciones bajo las cuales los grandes emprendimientos acceden y utilizan una infraestructura estratégica para toda la provincia.

El criterio defendido por el EPRE busca que el crecimiento minero pueda avanzar acompañado por reglas que distribuyan de manera equilibrada los costos y responsabilidades asociados a la demanda de energía, protegiendo al mismo tiempo a los usuarios residenciales y a los distintos sectores productivos de San Juan.

 

El proceso continuará hasta la decisión final del ENReGE

Tras analizar la presentación y los fundamentos expuestos, el Consejo Asesor resolvió continuar con el seguimiento del proceso administrativo hasta que el ENReGE adopte una resolución final respecto del pedido de acceso y ampliación de la red de transporte eléctrico.

Hasta entonces, la postura del EPRE cuenta con un amplio respaldo institucional y mantiene como eje principal la defensa de un principio: que el crecimiento de la actividad minera pueda ser acompañado por el desarrollo de la infraestructura necesaria, pero sin que los costos derivados de una mayor utilización del sistema eléctrico terminen siendo asumidos por los usuarios sanjuaninos.

La resolución definitiva quedará ahora en manos del organismo nacional, mientras en San Juan continuará el seguimiento de un debate que involucra no solamente el futuro de un proyecto minero de gran escala, sino también la protección de una infraestructura estratégica y el impacto económico que su utilización puede generar sobre el conjunto de los usuarios de la provincia.