Por: Redacción Actualidad Jachallera

En una provincia donde miles de familias sueñan con acceder a la vivienda propia, el uso indebido de las casas entregadas por el Estado encendió una fuerte alarma en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Desde el año 2025, el organismo provincial profundizó los operativos de control en distintos departamentos de San Juan para detectar irregularidades tanto en barrios tradicionales como en complejos recientemente inaugurados.

Las inspecciones permitieron descubrir una situación que genera preocupación: cientos de viviendas adjudicadas permanecen deshabitadas, a pesar de la enorme demanda existente por parte de familias inscriptas en el padrón oficial.

La directora del IPV, Elina Peralta, explicó en declaraciones a Radio Sarmiento que actualmente el organismo tiene identificadas entre 300 y 400 viviendas vacías, muchas de ellas detectadas gracias a denuncias realizadas por vecinos.

“Se detectaron más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias, hoy tenemos focalizadas entre 300 y 400”, expresó la funcionaria al describir la magnitud de la problemática.

Frente a este escenario, el IPV decidió reforzar los mecanismos de fiscalización y conformó un equipo específico de seguimiento para evitar que los expedientes queden paralizados dentro de los procesos administrativos y judiciales. El objetivo es acelerar la recuperación de las viviendas para que puedan volver a ser adjudicadas mediante sorteos públicos.

Según detallaron desde el organismo, ya se avanzó en aproximadamente 100 casos y 40 viviendas cuentan actualmente con revocaciones en primera instancia legal. La intención es que esas unidades habitacionales puedan reincorporarse al sistema y beneficiar a quienes esperan desde hace años una oportunidad de acceder a un techo propio.

La situación adquiere mayor sensibilidad si se tiene en cuenta que cerca de 100.000 sanjuaninos permanecen inscriptos en el padrón del IPV aguardando una solución habitacional.

 

Maniobras para aparentar ocupación

Durante los controles, los inspectores detectaron distintas estrategias utilizadas por algunos adjudicatarios para simular que residen en las viviendas. Entre las maniobras más frecuentes aparecen la colocación de algunos muebles, pequeñas ampliaciones o modificaciones mínimas realizadas únicamente para tomar fotografías y aparentar ocupación ante eventuales inspecciones.

Sin embargo, el cruce de información con empresas prestatarias de servicios públicos permitió descubrir la realidad detrás de muchas propiedades cerradas.

Peralta explicó que uno de los elementos más contundentes para comprobar el abandono de las viviendas es el consumo inexistente de servicios básicos.

“Muchas veces descubrimos que el medidor tiene cero consumo”, señaló la directora, remarcando que ese dato se transforma en una prueba clave dentro de los expedientes administrativos.

A pesar de ello, reconoció que los procesos suelen ser extensos debido a las garantías legales y al derecho de defensa que poseen los adjudicatarios involucrados en cada caso.

 

Pedido de cambios legislativos

Ante las demoras que generan los procesos actuales, desde el IPV consideran necesario avanzar en una normativa provincial que permita agilizar los tiempos judiciales y administrativos para recuperar con mayor rapidez las viviendas deshabitadas.

La funcionaria remarcó la importancia de que el Poder Legislativo brinde nuevas herramientas legales para combatir las irregularidades y evitar maniobras fraudulentas que terminan perjudicando a familias que realmente necesitan una casa.

La intención es que las viviendas recuperadas puedan volver al circuito oficial de adjudicación y convertirse en una respuesta concreta para quienes esperan una oportunidad desde hace años.

 

Reactivación del Procrear y sostenimiento provincial

Mientras avanza con las revocaciones, el IPV también trabaja en la reactivación del programa Procrear, con el objetivo de sortear departamentos destinados a sectores de clase media.

Según se informó, los futuros sorteos se realizarán utilizando el tradicional bolillero de la Caja de Acción Social, mecanismo elegido para garantizar la transparencia del proceso.

En paralelo, desde el organismo provincial advirtieron sobre el complejo contexto financiero que atraviesa actualmente el sistema habitacional. Peralta recordó que el funcionamiento del IPV depende exclusivamente de recursos provinciales, debido a la ausencia de financiamiento nacional.

“El sistema del IPV es un sistema solidario y ya no depende de fondos nacionales”, sostuvo la directora.

Esa realidad obliga a la provincia a sostener el esquema de construcción y adjudicación con fondos propios, situación que se vuelve aún más delicada frente al creciente nivel de morosidad registrado entre los adjudicatarios.

Actualmente, el IPV informó que cerca del 50% de las familias presenta demoras o incumplimientos en el pago de las cuotas. Por ese motivo, el organismo comenzó a aplicar intimaciones rigurosas especialmente en casos de familias que poseen ingresos suficientes pero no cumplen con sus obligaciones.

Desde el instituto remarcaron que el sistema habitacional funciona bajo una lógica solidaria, donde el pago de quienes ya recibieron una vivienda permite financiar nuevas construcciones para otras familias sanjuaninas.

En ese marco, el objetivo final del IPV es fortalecer esa cadena de compromiso colectivo para garantizar que más sanjuaninos puedan acceder, en el futuro, al sueño de la casa propia.