Por: Redacción Actualidad Jachallera

En un extenso planteo público, Perea respondió punto por punto los argumentos expuestos desde La Rioja, especialmente aquellos vinculados a la ubicación del proyecto y a una supuesta afectación ambiental relacionada con el glaciar El Potro. El funcionario sanjuanino fue categórico y sostuvo que las afirmaciones realizadas por el gobierno vecino “no resisten el menor análisis técnico”.

Según explicó, el proyecto Lunahuasi se encuentra completamente dentro de territorio sanjuanino y los límites jurisdiccionales están definidos desde hace más de medio siglo. “Llevamos 57 años con esos límites aplicados sin interrupción, atravesando gobiernos de todos los signos políticos”, expresó, haciendo referencia a la ratificación establecida por el Digesto Jurídico Argentino en 2014. Además, remarcó que “San Juan defiende su territorio con la ley en la mano”.

Uno de los puntos centrales de la polémica tiene que ver con las declaraciones del ministro riojano Ernesto Pérez, quien había asegurado en redes sociales que Lunahuasi se encontraba en el área de influencia de un glaciar perteneciente a La Rioja. Frente a eso, Perea negó rotundamente esa posibilidad y aseguró que la geoforma El Potro “está separado del proyecto por una cadena montañosa que impide cualquier vinculación física o ambiental”. Según explicó, toda esa información se encuentra documentada oficialmente por el Instituto Geográfico Nacional.

“La Rioja sabe que esa afirmación no resiste el menor análisis técnico y aun así la sostiene públicamente”, criticó el funcionario sanjuanino, marcando así el tono de una respuesta que buscó respaldarse tanto en cuestiones legales como técnicas.

El ministro de Minería también confirmó que el proyecto cuenta actualmente con aprobación vigente para tareas de exploración y con todos los permisos sectoriales correspondientes. En ese marco, recordó que “la única autoridad competente para otorgar esos permisos en territorio sanjuanino es el Gobierno de San Juan” y remarcó que “el proyecto avanza, como debe avanzar, en un marco de plena legalidad”.

Otro de los aspectos que generó fuerte rechazo desde San Juan fue la propuesta lanzada desde La Rioja para avanzar hacia una especie de área minera común entre ambas provincias, tomando como antecedente el modelo que existe entre Salta y Catamarca en el Salar del Hombre Muerto.

Perea descartó esa posibilidad y aseguró que la comparación “es jurídicamente impropia”. Explicó que el caso de los salares compartidos responde a una realidad geográfica completamente distinta, ya que allí los recursos efectivamente se extienden sobre territorios de dos provincias. “Lunahuasi no es eso”, afirmó.

Además, sostuvo que “no existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están en su exclusiva jurisdicción”. En ese sentido, advirtió que intentar equiparar situaciones diferentes para forzar una participación sobre un recurso ajeno “no corresponde”.

En declaraciones posteriores brindadas a colegas de DIARIO DE CUYO, el ministro sanjuanino profundizó aún más su postura y dejó en claro que, en caso de que La Rioja avance judicialmente, San Juan responderá “con la ley en la mano”.

“Vamos a responder como corresponde, en sede judicial, con la misma documentación que hoy hacemos pública: la Ley 18.004, el Digesto Jurídico Argentino y la cartografía oficial del IGN”, manifestó. Además, recordó que “la Justicia ya se expidió en casos previos y siempre ratificó la jurisdicción sanjuanina sobre estos proyectos”.

Consultado sobre si el conflicto debería escalar políticamente, Perea consideró que se trata de un planteo técnico y administrativo, por lo que entiende que la respuesta debe mantenerse en ese mismo plano. “Mi cartera tiene toda la documentación, los mapas y los antecedentes legales. No hay razón para escalar políticamente algo que está jurídicamente cerrado desde 1968”, afirmó.

También volvió a rechazar las afirmaciones vinculadas al glaciar El Potro y reiteró que “una cadena montañosa separa Lunahuasi del glaciar”, asegurando que cualquier ciudadano puede comprobarlo mediante la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional. Incluso señaló que el glaciar desciende mayoritariamente hacia Chile y no hacia La Rioja, descartando cualquier conexión ambiental con el proyecto.

Otro de los temas abordados fue el impacto económico que podría tener el hallazgo de importantes concentraciones de oro, con valores que alcanzan hasta 1.740 gramos por tonelada. Aunque reconoció que se trata de resultados extraordinarios para la minería argentina, Perea aclaró que “el valor del recurso no cambia la jurisdicción donde está ubicado”.

En ese sentido, recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece claramente que los recursos naturales pertenecen a las provincias donde se encuentran ubicados. “Es así desde 1994 y es así en todo el país”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario sanjuanino aseguró que este tipo de respuestas firmes son justamente las que brindan seguridad a los inversores. Según afirmó, “lo que un inversor necesita ver es que cuando se cuestiona infundadamente la jurisdicción de una provincia, esa provincia responde con argumentos jurídicos sólidos, no con improvisación”.