Por: Redacción Actualidad Jachallera

El hecho tuvo lugar el 20 de julio de 2025, cerca de la medianoche, sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una calle interna del Vivero Municipal, frente a las piletas de OSSE. Allí, Pedro Andrés Lara se encontraba intentando arrancar su moto cuando fue sorprendido por los agresores.

Según se pudo reconstruir durante la investigación, Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández y Naim Rodrigo Jofré Hernández interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra, se abalanzaron sobre él. En medio del violento episodio, le arrebataron el casco y comenzaron a golpearlo de manera reiterada, principalmente en la cabeza y el rostro.

La brutal agresión dejó a Lara con lesiones de gravedad, incluyendo la pérdida de piezas dentales, y lo dejó inconsciente en el lugar. A pesar de que el objetivo de los atacantes era sustraer la motocicleta, no lograron ponerla en marcha y finalmente la abandonaron en las inmediaciones antes de darse a la fuga.

Inicialmente, la causa fue investigada como un robo agravado, pero tras el avance del expediente y las pruebas reunidas, el caso fue recalificado como lesiones graves. La resolución llegó mediante un juicio abreviado en la Unidad Fiscal del Norte, donde las partes alcanzaron un acuerdo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Gabriela Chiffel, consensuó con la defensa la nueva calificación legal y las penas correspondientes.

Como resultado, Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir con estrictas reglas de conducta durante tres años. Entre ellas, se incluyen la fijación de domicilio, el sometimiento al control del patronato y la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

En tanto, su hermano, Naim Rodrigo Jofré Hernández, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión efectiva. Además, el tribunal resolvió unificar esta pena con una condena anterior dictada en abril de 2025, estableciendo una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El caso vuelve a poner en foco la preocupación por los hechos de violencia en la vía pública en el departamento, especialmente aquellos vinculados a intentos de robo que terminan con consecuencias graves para las víctimas. En este sentido, la resolución judicial busca dar una respuesta penal acorde a la gravedad del hecho, aunque el impacto social del episodio continúa resonando en la comunidad jachallera.