Por: Redacción Actualidad Jachallera

El proyecto minero MARA, uno de los emprendimientos más ambiciosos del país en materia cuprífera, quedó en el centro de una causa penal por presunta corrupción que vuelve a sacudir a la provincia de Catamarca y reaviva un conflicto ambiental de larga data en Andalgalá.

La investigación está a cargo de la jueza federal María Servini, quien busca determinar si empresas mineras y funcionarios públicos avanzaron con tareas de exploración en una zona glaciar prohibida, a pesar de contar con informes técnicos que advertían sobre esa imposibilidad. La causa se tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py.

Según lo informado por la periodista Laura Berisso en EconomíaSustentable.com, las firmas Agua Rica y Alumbrera —operadas por la empresa suiza Glencore— fueron imputadas junto a directivos y auditores estatales. La acusación apunta al presunto incumplimiento de la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley de Glaciares (26.639), normas que protegen ecosistemas estratégicos como los ambientes periglaciares.

La abogada Mariana Katz, representante de vecinos de Andalgalá, detalló que la denuncia penal se originó en 2019 tras la detección de irregularidades en informes oficiales. “Estudios técnicos elaborados por organismos estatales identificaron en 2018 la presencia de 26 cuerpos de hielo en la zona del proyecto MARA, reconociéndola como área prohibida para llevar a cabo tareas de exploración o explotación minera”, explicó.

Estas zonas periglaciares cumplen un rol clave como reservas hídricas, y la legislación vigente prohíbe cualquier actividad que pueda afectar su estabilidad. Sin embargo, la investigación intenta determinar si hubo negligencia o una decisión deliberada de avanzar ignorando esos estudios. “¿Por qué van a omitir analizar la documentación que tienen si no es por algo intencionado?”, cuestionó Katz.

El proyecto MARA comenzó a gestarse en 2019 con el objetivo de integrar el yacimiento Agua Rica —rico en cobre, oro y molibdeno— con la infraestructura de Minera Alumbrera, una de las explotaciones más emblemáticas del país, operativa desde 1997 y actualmente en etapa de cierre. La propuesta busca reutilizar esas instalaciones, lo que, según la empresa, permitiría reducir la huella ambiental.

No obstante, para gran parte de la comunidad de Andalgalá, el proyecto representa la continuidad de décadas de impactos ambientales y sanitarios. Vecinos organizados sostienen que la reutilización de infraestructura no disminuye los efectos acumulativos en la región.

La causa judicial tuvo un recorrido irregular: en 2023 se había dispuesto su cierre con el sobreseimiento de los imputados, pero en agosto de 2024 la Cámara de Casación Penal ordenó reabrirla al considerar que las pruebas no eran concluyentes.

El punto de inflexión llegó el pasado 22 de abril, cuando la jueza Servini resolvió ampliar la imputación e incluir también a las empresas, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. La medida se basó en la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción.

En Andalgalá, la noticia fue recibida con expectativa. La comunidad lleva más de 30 años denunciando presuntos daños ambientales vinculados a la actividad minera. Integrantes de la Asamblea El Algarrobo aseguraron que los reclamos se sostienen semana a semana en el espacio público y en la Justicia.

Vecinos también denunciaron un incremento de enfermedades, presencia de polvo en suspensión y alteraciones en la calidad del agua. “Antes teníamos el agua más pura de todas y ahora viene turbia”, señalaron, marcando la preocupación por los efectos acumulativos de la actividad minera.

Mientras tanto, desde la empresa aseguran que el proyecto contempla monitoreos ambientales y participación comunitaria, aunque organizaciones locales cuestionan la efectividad de esos mecanismos y advierten que no contemplan los impactos acumulados en el tiempo.

 

Con información de I Profesional