Por: Redacción Actualidad Jachallera

En un movimiento que redefine el mapa de la gestión vial en el país, San Juan quedó formalmente habilitada para concesionar rutas nacionales y avanzar con un modelo de obras financiadas a través de peajes. La medida se concretó tras la publicación del Decreto 253/2026 del Gobierno nacional, que delega en la provincia la facultad de intervenir en corredores clave, sin que Nación pierda la titularidad ni el control general del sistema.

Según informaron los colegas de DIARIO HUARPE, la provincia fue incluida dentro de un grupo que venía reclamando mayor participación en la gestión de rutas nacionales. Con esta decisión, se abre un nuevo escenario en el que el Gobierno sanjuanino podrá impulsar proyectos de mantenimiento, ampliación y reparación bajo el esquema de concesión de obra pública.

Sin embargo, la herramienta no se activa de manera automática. Antes de avanzar, la provincia deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional, donde se definan los tramos a intervenir, los plazos de ejecución y el esquema de financiamiento. Recién cumplida esa instancia, quedará habilitada para lanzar los procesos de licitación.

Uno de los puntos centrales del decreto es justamente el financiamiento. Las obras podrán sostenerse mediante el cobro de peajes, un mecanismo que hasta ahora no tiene presencia extendida en rutas nacionales dentro del territorio sanjuanino. Este aspecto introduce un cambio significativo, ya que abre la puerta a un modelo donde el usuario pasa a ser parte del sostenimiento de la infraestructura.

En ese sentido, fuentes vinculadas al sector señalaron que el esquema podría aplicarse principalmente en corredores estratégicos, especialmente aquellos ligados a la producción, el turismo y la actividad minera en la cordillera. No obstante, la decisión final dependerá de la evaluación económica de cada proyecto y, también, del impacto político que pueda tener la implementación de tarifas para los usuarios.

El decreto deja en claro que la delegación es limitada, temporal y revocable. Esto implica que la Nación conserva la propiedad de las rutas y la jurisdicción sobre los corredores, además de mantener funciones de control a través de Vialidad Nacional, que continuará auditando y supervisando cada contrato.

Por su parte, la provincia deberá cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos, presentar un plan de obras detallado, definir con claridad el esquema de financiamiento y garantizar condiciones de transparencia, competencia y razonabilidad tarifaria.

Otro aspecto no menor es la responsabilidad que asumirá San Juan. La provincia deberá hacerse cargo tanto de las obligaciones legales como económicas derivadas de las concesiones, incluyendo eventuales reclamos judiciales, daños a terceros o incumplimientos contractuales. Este punto obliga a un diseño cuidadoso y estratégico de cada proyecto que se impulse.

En cuanto a los plazos, el decreto establece que las concesiones podrán extenderse por un máximo de hasta treinta años. Además, fija un límite claro: la provincia tendrá un año desde la firma de cada convenio para llamar a licitación. Si no lo hace dentro de ese período, perderá la facultad sobre el tramo correspondiente.

La medida representa una oportunidad concreta para acelerar obras viales consideradas clave para el desarrollo productivo de la provincia. En la práctica, San Juan podría priorizar rutas que conectan zonas agrícolas, corredores turísticos o proyectos mineros en expansión, donde la logística juega un rol determinante.

No obstante, el desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de inversión y el costo que deberán afrontar los usuarios. La implementación de peajes, aunque habitual en otras regiones del país, podría generar debate a nivel local, especialmente en una provincia donde este sistema no está instalado.

El nuevo esquema también exige una coordinación estrecha con Nación. Aunque San Juan gestione las concesiones, Vialidad Nacional seguirá cumpliendo un rol clave en la supervisión, garantizando que se respeten los estándares del sistema vial argentino.