Será el segundo aumento que se otorgará de manera discrecional, según una decisión del Poder Ejecutivo, luego de que se decidiera suspender la fórmula de movilidad dispuesta por ley. En caso de que se mantuviera vigente el mecanismo aprobado por el Congreso Nacional en diciembre de 2017, el incremento debería ser de 10,9% y alcanzar a todos los jubilados y pensionados por igual.

En marzo pasado se otorgó una suba compuesta por un porcentaje de 2,3% y un monto fijo de $1500. Con la fórmula de ley se debería haber otorgado una suba de 11,6%, un porcentaje que se superó en el caso de los haberes más bajos. Hubo, sin embargo, más de dos millones de jubilados que tuvieron un ajuste inferior al que habría resultado de aplicar la suspendida movilidad automática.

Los porcentajes de aumento nominal en el tercer mes del año variaron entre 3,75% y 12,96% y la situación de quienes quedaron con subas por debajo de la establecida por la fórmula de movilidad (y también por debajo de la inflación) provocó reclamos en la Justicia.

Una de esas presentaciones, impulsada por el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, pretende tener efecto para todos los pasivos perjudicados por la decisión del Gobierno. En primera instancia, la jueza Silvia Saino no validó representatividad de quienes se presentaron como demandantes (la Asociación Civil Años y una jubilada en particular), por lo cual esa decisión fue en primer lugar apelada ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Días después, sin esperarse el pronunciamiento de los jueces de esa segunda instancia, se llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia, mediante un "recurso extraordinario por salto de instancia" (conocido como per saltum) para procurar que haya una rápida respuesta. Pero la pandemia y la cuarentena dejaron todo en suspenso.

La ley 27.541, aprobada en diciembre pasado a pedido del Gobierno, dispuso la suspensión de la movilidad de ley por 180 días, un plazo que vence antes de la finalización de junio. Para esa fecha, la propia ley establece que debe haber una propuesta de una comisión convocada por el Poder Ejecutivo, para elaborar un nuevo sistema de actualización de las jubilaciones y de las otras prestaciones que dependen de la fórmula, como la AUH y los pagos del salario familiar. Pero hasta ahora no se conoció ningún avance sobre el tema, y sí trascendió que se prorrogaría la vigencia de la suspensión de la fórmula que aporta previsibilidad para la variación de los ingresos.