Por: Redacción Actualidad Jachallera

La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, confirmó que la institución a su cargo interpuso ante la Justicia Federal una acción judicial para declarar la nulidad de los actos administrativos que dispusieron la suspensión de Pensiones No Contributivas por Invalidez en la provincia. La presentación, además, busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto nacional que avaló esas medidas y que se dicte una cautelar para restituir los beneficios interrumpidos.

“Solicitamos tanto la nulidad de esos actos como la inconstitucionalidad del decreto nacional que los avala y una medida cautelar para que aquellos beneficios suspendidos se reactiven, y los que siguen activos no se vean afectados”, explicó la funcionaria en declaraciones a Canal 13 de San Juan.

La acción judicial se llevó adelante luego de que decenas de personas con discapacidad denunciaran la baja irregular de sus pensiones, lo que generó alarma entre familias que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas. “Encontramos la necesidad de iniciar una acción colectiva en representación de sanjuaninos y sanjuaninas en situación de extrema vulnerabilidad, porque se les vulneraron derechos sobre un beneficio que tiene carácter alimentario”, sostuvo Peñaloza.

La defensora aseguró que el proceso de auditorías impulsado por Nación estuvo plagado de problemas administrativos y marcó que muchas de las suspensiones se realizaron de manera arbitraria: “Hemos advertido que se hicieron recortes de manera irregular. Muchos beneficiarios cumplieron con todos los requisitos legales y, aun así, se les suspendió la pensión”.

En este sentido, Peñaloza cuestionó el funcionamiento de los mecanismos implementados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Según detalló, uno de los motivos de suspensión se vinculó a fallas técnicas en la carga de documentación: “Se rebotaban correos electrónicos por colapso de las páginas y sistemas de Nación. Esa inoperancia terminó perjudicando a los beneficiarios, no fue responsabilidad de ellos”.

La Defensora del Pueblo remarcó la urgencia de que la Justicia actúe con celeridad en el caso, dado que se trata de un sector altamente vulnerable de la sociedad: “Estamos hablando de un universo muy grande de personas con discapacidad. El objetivo es proteger a esta población tan sensible de la provincia, que quedó expuesta a una vulneración de derechos”.