El decreto incorpora una escala tomada de una normativa de 1998, firmada por el entonces presidente Carlos Menem. En aquel documento, titulado "Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores", se establecía una metodología de evaluación del deterioro psico-físico.

La actualización del baremo reemplaza la clasificación previa de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por términos considerados despectivos. Según la descripción del anexo, la categoría de “idiota” corresponde a personas de entre 0 y 30 años, “imbécil” a quienes tienen entre 30 y 50 años, “débil mental profundo” a las de entre 50 y 60 años, “débil mental moderado” a las de entre 60 y 70, y “débil mental leve” a las de entre 70 y 90.

El texto también establece que “en algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”.

El cambio generó un fuerte repudio de asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis organizaciones presentaron un reclamo formal al Ejecutivo para que derogue la normativa.

En su documento, argumentaron que la medida representa “un retorno al modelo médico de la discapacidad” y “un grave retroceso” en materia de derechos. También cuestionaron el uso de términos como "retraso mental", "idiota", "imbécil" y "débil mental", por considerarlos "discriminatorios, obsoletos y peyorativos".

El doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario Julen Bollain también criticó la medida y aseguró que “viola acuerdos internacionales contra la discriminación”. “El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como 'idiota', 'imbécil' y 'débil mental'. Es una barbaridad”, declaró.

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down repudió la resolución y sostuvo: "Refuerzan prejuicios y son expresiones reemplazadas hace más de 70 años".

Mientras tanto, el ANDIS anunció una prórroga para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), tanto en su versión en papel como digital. La Resolución 2520/2024 establece que todos los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una extensión automática hasta la misma fecha de 2026. En cambio, aquellos certificados cuyo vencimiento o actualización estaba previsto para 2022, 2023 o 2024, sí deberán renovarse en 2025.

Según el organismo, la medida busca “garantizar el pleno goce de los derechos de los titulares del CUD” y evitar demoras en los trámites de renovación. No obstante, la modificación del baremo y el lenguaje utilizado en el decreto continúan generando controversia y el reclamo de sectores que exigen una rectificación de la normativa.