Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.

Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Antonio Russo, la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.

Como publicó Infobae, la decisión, anticipada de manera exclusiva a este medio por el abogado Spagnuolo, se tomó después de conocerse los primeros resultados de una auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, que detectaron “inconsistencias alarmantes”. Por ejemplo, el 57% de este tipo de pensiones otorgadas en CABA por el gobierno anterior son “truchas”. En la ciudad balnearia, ese porcentaje subió al 80%.

Según el director de la ANDIS, la auditoría llevada adelante por su área, y que fue ordenada por Javier Milei, revela un “escandaloso negocio con la discapacidad” que “representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”. “Hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”.

Desde la Casa Rosada explicaron a este medio que: “Se hace referencia a decretos anteriores que habían ampliado los criterios de acceso a la pensión modificando discrecionalmente el espíritu de la ley. Estas modificaciones, con fines de utilizarlo como clientelismo político, resultaron en desvío de fondos del Estado vulnerando los derechos de las personas destinadas a esta ayuda” y argumentaron que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.

Una primera auditoría y análisis de documentación determinó que: “El Gobierno Nacional se encontró con un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, imposible de auditar y muy susceptible al fraude”. También que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, un hecho que se contraponía con acciones políticas en plena campaña electoral, cuando se otorgaba el beneficio en menos de tres meses a personas que no tenían discapacidad, no eran vulnerables y hasta eran empleados municipales en distritos gobernados por el anterior oficialismo.

“Las pensiones durante el kirchnerismo estuvieron al servicio de la política ya que se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos, principalmente con intendentes y gobernadores. Durante este tiempo han recibido pensiones personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad. Muchos de ellos, incluso, trabajaban”, anunció el gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni.