Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".

Posteriormente se constató que el derrame liberó cianuro, mercurio y metales pesados en las cuencas locales, contaminando al menos cinco ríos. Y es considerado "El peor desastre ambiental minero de la Argentina" y el día más triste de toda la historia de Jáchal. Hubo marchas, incertidumbre y malestar que perdura en la memoria colectiva de los vecinos del departamento.

En el mes de julio del presente año, los integrantes de la asamblea "Jáchal No se Toca", presentaron en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, un petitorio firmado por 71 mil personas para reclamar por el inicio del juicio oral y público por el derrame de cianuro en la mina Veladero en 2015.

En el plano federal, en octubre de 2018, el juez Sebastián Casanello dispuso elevar a juicio oral (causa 10049/15) contra Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En junio de 2018, por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame, Casanello ya había elevado a juicio oral contra Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba, ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

En junio de 2020, tras cumplirse un año del ejemplar fallo de la CSJN sobre la constitucionalidad de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, luego de que la Barrick acudiera a la justicia para poder vetarla, la Asamblea Jáchal no se toca le presentó una carta al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, para que actúe para cumplir la ley.

Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, de forma culposa, por actuar con "negligencia o impericia" por transgredir la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Sin embargo, no imputó a ningún funcionario provincial.