Por primera vez en la historia de Ecuador, se decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar la destitución del presidente por haber tolerado un supuesto caso de corrupción provocó una “grave crisis política”. La medida obliga a adelantar las elecciones legislativas y presidenciales. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses, en ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.

En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso prefirió invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.

En un discurso al país por la cadena nacional, el presidente anunció a las siete de la mañana que la decisión la tomó para dar una salida constitucional a Ecuador “por la grave conmoción interna” que vive el país. Lasso acusó al Parlamento de tener “como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. El presidente indicó que ya había solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata de los comicios, que deberían celebrarse a finales de año.

“Esta es una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”, aseguró. Lasso nunca logró tomarle el pulso al mandato, asediado por una ola de violencia que fue en aumento y que ha colocado la seguridad en el centro de las preocupaciones de los ecuatorianos. La mayor presencia de grupos narcotraficantes ha desestabilizado un país que no estaba acostumbrado a los homicidios diarios. En los últimos meses, a las masacres que habían mermado la popularidad del presidente se sumó la sombra de la corrupción sobre el Gobierno.

Ante la posibilidad de ser destituido en un juicio que debía dirimirse esta semana, el presidente decidió inmolarse antes que someterse a la decisión de los parlamentarios. No lo echan, se va él. La medida de muerte cruzada, incluida en el artículo 148 de la Constitución, establece que el presidente puede disolver la Asamblea una sola vez en los primeros tres años de Gobierno. Lasso, que había coqueteado con aplicar la medida si avanzaba en proceso en su contra, decidió aplicarla un día después de haber comparecido en el pleno del Congreso para defenderse, en una sesión que se prolongó 12 horas y que debía retomarse esta mañana.

La bancada de la oposición lo acusa por un presunto delito de malversación al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos seis millones de dólares, según aseguran los interpelantes.

En su discurso, el exitoso banquero que se metió en política aseguró que ser presidente es “un honor sin comparación” e implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”.