El contador Saul Zeballos, integrante de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, habló con Actualidad Jachallera y se refirió al proyecto legislativo que busca excluir a Malargüe (Mendoza) de la Ley 7722.  El propio intendente malargüino Juan Manuel Ojeda fue quien informó de la presentación de un proyecto de ley para excluir, al departamento mendocino, del alcance de la Ley 7722. Esto permitiría las explotaciones metalíferas en determinadas áreas- sin restricciones sobre el uso de sustancias químicas.

"Estamos al tanto de la situación que se está presentando en Malargüe, en realidad de la situación que se está presentando en toda la provincia de Mendoza, porque el gobierno de Mendoza es el que quiere imponer la megaminería en Malargüe. Dejar de lado la Ley 7722 es perjudicial, porque empiezan con un discurso de transparencia y sin contaminación y luego nosotros los jachalleros sabemos que no es así. Son cantos de sirena que hablan de transparencia y termina en una imposición. Se hace lo que el gobierno de la provincia quiere, con un solo discurso a favor de la política minera" consideró el asambleísta jachallero.

Según se supo, la confección del proyecto legislativo comenzó a principios del 2022 y ya estaría listo, buscando como objetivo principal una zonificación especial, que permita el crecimiento y el desarrollo de proyectos mineros metalíferos en Malargüe, que permita pasar por alto los condicionamientos y delimitaciones estipuladas en la Ley 7722. Pero, hasta el momento se desconoce cuando se realizará la presentación de la planificación en la Legislatura de la provincia de Mendoza.

"Se trata de una política minera inconsulta, como acá en San Juan, porque a nadie le preguntaron. Sino mire el ejemplo de Jáchal, acá hubo 3 oportunidades de generar una consulta popular y hasta ahora se nos negó esa posibilidad a los jachalleros. No queremos que el pueblo de Malargüe sea un pueblo ninguneado como el pueblo de Jáchal" sentenció enfáticamente Zeballos.

Causa Judicial por Derrame en Mina Veladero

Según consta en los expedientes judiciales: entre los días 12 y 13 de septiembre del año 2015 se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) de la Mina Veladero, lo que ocasionó un grave derrame de solución cianurada que fue a parar al río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal. 

Recién en el mes de mayo del año 2016 la Corte Suprema de la Nación definió que la Justicia de la provincia de San Juan debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la justicia federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.

En el mes de octubre del año 2018, el juez federal Sebastián Casanello, dispuso elevar a juicio oral a 5 ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa.

En este contexto, Saul Zeballos informó que el pasado lunes 19 de septiembre recibieron una notificación de rechazo a los planteos de defensa de los funcionarios nacionales que fueron imputados en la causa. "Esperamos que este año se genere el juicio que se viene prolongando por artilugios judiciales y eso hace que se extiendan los plazos. Esperamos que este año la jueza Servini de Cubría pueda definir una fecha para el juicio oral contra los funcionarios nacionales. Recordemos que esta causa que llevo el juez Sebastián Casanello tuvo su correlato acá en Jáchal con el juez Pablo Oritja y la causa provincial todavía no se termina de definir justamente porque tienen miedo a lo que se resuelva en Buenos Aires con la investigación que hizo el juez Sebastián Casanello” manifestó.

Ordenanza Municipal Agua Segura

El Programa Agua Segura es una ordenanza municipal que fue aprobada en el Concejo Deliberante de Jáchal y obliga a las autoridades municipales a realizar análisis del elemento vital, para conocer valores y calidad de agua de Jáchal. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca informaron que los estudios “se venían en realizando en forma mensual” y esto llevaba tranquilidad a los vecinos del departamento, pero en los últimos tiempos cambió ese mecanismo.

Zeballos informó que "en el mes de julio no hubo monitoreo y en agosto debía llegar la UNCuyo de Mendoza, pero les llamaron y les dijeron que no vengan. Desde la municipalidad nos dijeron que vino la Universidad Católica de Cuyo de San Juan".

El asambleísta resaltó la necesidad de contar con estudios mensuales confiables y que es clave saber los valores de los meses de agosto a noviembre por los deshielos de la nieve que hay en cordillera, y esto permitirá detectar situaciones irregulares.