Alerta en Chaco por la creación de guardias armadas en territorio wichi
La creación de una guardia armada integrada por wichis en el territorio que ocupan en la zona de El Impenetrable chaqueño generó preocupación en las autoridades provinciales y una tensión que, el fin de semana, ya dio lugar a un episodio en el que un indígena fue acuchillado por encapuchados.
En El Sauzalito hay 160 personas organizadas en la "Guardia Comunitaria Whasek Wichi del Chaco", y en Nueva Pompeya, hay otros 180. Una parte de las fuerzas viste ropas militares y porta rifles; ellos mismos lo reconocieron a LA NACIÓN, aunque aclararon que son "de aire comprimido".
Ariel Fabián, presidente de los caciques de la primera comunidad, desmintió que sean "paramilitares" y que hayan protagonizado "una toma de escuela", como trascendió. Admitió que constituyeron la guardia para proveerse su propia seguridad en el territorio que ocupan. "Es para evitar la entrada de drogas. Somos olvidados del Estado", afirmó. Les preocupa tanto su integridad como evitar el saqueo de sus recursos.
Los caciques fundan sus pretensiones y sostienen su derecho a la autodefensa en una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de El Sauzalito que "reconoce y declara de interés" la "creación de la Guardia Comunitaria y Cuerpo de Bomberos del Pueblo Wichi de la localidad de El Sauzalito, Wichi El Pintado, Sauzal, El Vizcacheral, Tres Pozos, El Tartagal, Cevilar y Fortín Belgrano.
El gobierno municipal, primero, y el provincial, enseguida, debieron abocarse al tema cuando la polémica se desparramaba desde El Impenetrable hacia todo el Chaco. Sostienen que la comisión de caciques -a la que el Concejo le dio reconocimiento- "no evaluaron adecuadamente" el alcance de la ordenanza.
La controversia estalló hace una semana, cuando una maestra de la escuela intercultural bilingüe wichi de El Pintado (a 35 kilómetros de El Sauzalito) denunció que la guardia comunitaria "tomó" la institución y que, "armados custodiaron y recorrieron" las instalaciones. Fabián explicó que habían ido para reunirse con un abogado y asesorarse para que obtener un reconocimiento de la organización: "Hay una interna entre los docentes y la dirección, y quedamos en el medio; hicimos una presentación en la fiscalía para aclarar que no hubo toma".
"Queremos articular nuestra organización con el Estado, pero nunca lo hemos podido hacer. Si no levantamos la voz no nos escuchan. Negamos totalmente que seamos paramilitares y que usemos la violencia. Queremos que se nos respete como pueblos originarios y que se nos escuche", dice Fabián, en nombre de los grupos indígenas.
El ministro de Seguridad chaqueño, Daniel Chorvat, reconoció que su mayor preocupación es "delimitar las competencias y atribuciones" de estas organizaciones. "La única que puede hacer uso de la fuerza es la policía", planteó. "Vamos a anoticiarlos de cuáles son las actividades que puedan realizar y cuáles no. Nosotros asumimos ese rol. En casos como cortes de rutas y caminos y la portación de armas, entendemos que desconocen hasta dónde pueden desarrollar sus actividades. El Estado está presente en todo el territorio del Chaco", apuntó el ministro.
Reclamos y competencias
Los caciques afirman que se mueven en "territorio propio" -al que llaman "propiedad privada"-: las 100.000 hectáreas que el gobierno chaqueño les entregó en 2017 a los wichis, la Reserva Grande. "No salimos de nuestras tierras", acotó el cacique Fabián, que reclamó por el avance del "narcotráfico" desde los puntos limítrofes con Salta (Fortín Belgrano) y Formosa (Tres Pozos).
Fuentes de la Gendarmería dijeron a LA NACIÓN que hay "despliegue" de la fuerza en la zona y que hace una semana la ministra Patricia Bullrich participó de la creación de una "región". Reconocen que se trata de tierras "complicadas; sin señales de comunicación y con movimientos de drogas contra los que se está luchando". Incluso mencionaron que la relación de los gendarmes con los "baqueanos" es "buena".
Vicente González, intendente de Nueva Pompeya, admitió su "preocupación" por la existencia de la guardia en el lugar (aclara que en su localidad no están armados). Señaló a LA NACIÓN que ya se reunió con funcionarios judiciales y con comisarios y que hay inquietud porque "no se sabe de dónde sacan los recursos para moverse y que, en algunos puntos, impedirían el libre paso".
Dijo que integrantes de la guardia fueron a verlo para que los "reconociera"; su respuesta fue que no es su competencia y que no corresponde avanzar en ese sentido. "Estas zonas están minadas de planes sociales y seguimos viendo que hay dinero en organizaciones aborígenes y criollas que no llega a los que de verdad la necesitan. La 'joda' sigue", graficó González, radical con 20 años al frente del gobierno comunal.
En Nueva Pompeya la "comandancia" de la guardia Whasek II, a cargo de Américo Quiroga, denunció el "intento de homicidio" de uno de sus miembros, "Maxi, por parte de tres encapuchados". En un comunicado afirmaron: "La vida que se intentó quitar fue la de un joven indígena [.]; nadie dice que tiene miedo, nadie condena el hecho. Al contrario, la culpa parece ser nuestra. Parece ser que por defender nuestra tierra vestidos de color monte somos culpables de algo. Les diremos algo que no saben, el miedo lo perdimos hace tiempo. Por que nos daba miedo seguir viviendo como vivíamos, así que ahora aferrados a otra vida estamos y esa es la de lograr el respeto a nuestra historia, a nuestro rostro, a nuestro color de piel y a nuestra lengua".
"Mostramos nuestra voluntad de participar en una audiencia con el gobernador y el ministro de Seguridad para encauzar este proceso con diálogos y consensos", dijeron.
"Estamos en un límite complicado; la droga pasa porque son puntos en los que muy pocas veces hay seguridad. Lo llamativo es que la Gendarmería está en Miraflores y la seguridad provincial en Fuerte Esperanza, a 90 kilómetros. Acá a nadie la importa, pero a nosotros sí. Los tres poderes del Estado miran para otro lado", agregó Fabián.
Ellos se aferran al convenio 169 de Naciones Unidas, al que Argentina adhirió en 1945, en el que se estipula que las comunidades indígenas tienen el "derecho de organizarse y tomar sus propias decisiones". Ariel Fabián sostiene: "Nos pisotean; hay desmonte, se llevan la madera, los pescados, todo lo que tenemos... Por eso nos organizamos para defendernos, pero queremos articular con el Estado nuestra acción".
