Dentro del Acuerdo San Juan habilitó el espacio para que lo público y privado confluyan. En este marco, se propusieron 5 diferentes alternativas para la adquisición de viviendas, diferenciadas según el nivel de ingreso de las familias.

Entre las propuestas más relevantes llevadas a cabo por los distintos referentes de las cámaras (de construcción, inmobiliaria, metalúrgica) se destacan las siguientes:

1. Ahorro Previo Clase Media: en esta operatoria, las empresas constructoras financiarían el terreno y/o urbanización junto con las familias que comenzarían a pagar una cuota desde el inicio del proyecto. Luego, el Estado construiría y financiaría las viviendas. Hay dos alternativas, que el terreno sea del banco de tierras del IPV o bien aportado por la empresa constructora. En ambas, el proyecto urbano, urbanización e infraestructura estaría a cargo de la empresa.

Los prototipos serían diferenciados. Uno más económico para la vivienda social y uno mejorado para quienes accedan al ahorro previo.

2. Viviendas IPV a cambio de terrenos del Estado Provincial: el Estado, mediante un convenio, cedería -con cargo- un terreno a una empresa constructora para la ejecución de un emprendimiento habitacional privado. La empresa le retribuiría a través de la construcción al IPV - al finalizar el proyecto – viviendas en un terreno del Instituto por el equivalente al costo del terreno cedido inicialmente.

Esta propuesta tiene como objetivo incentivar la construcción con dos emprendimientos: el privado y el barrio del IPV. Además dar solución habitacional a mediano plazo con menor desembolso por parte del Estado utilizando los recursos con los que ya cuenta (terreno que cede).

3. Plan 20% Estado - 80% Sector Privado: gremios o cajas: esta opción propone la constitución de un Fideicomiso entre el Estado, CAPROH (Cámara Argentina de Productores de Hipoteca que nuclea a las empresas constructoras) y la caja previsional/gremio/entidad para intervenir en la construcción. El objetivo será financiar la construcción de las viviendas con sistemas constructivos de corto plazo.

4.Terrenos urbanizados + operatoria financiera: la propuesta es realizar un loteo de IPV para sorteo, con terrenos urbanizados, con la posibilidad luego de solicitar la asistencia financiera individual para construir su vivienda.

De esta manera, los adjudicatarios pagarían el terreno con urbanización. Con el crédito, construirían su vivienda y luego, continuarían con una cuota similar a la de un alquiler.

Esta opción busca activar el sector de la construcción formal e informal, profesionales y comercios minoristas, corralones, ferreterías. Asimismo, brindar soluciones habitacionales con menor aporte del Estado y generar conducta de pago y bajar la morosidad.

5.Economías en Viviendas Sociales: esta propuesta consiste en evaluar posibilidades para economizar la vivienda social, realizar más viviendas y atender las necesidades habitacionales de la población. Especialmente orientado a dar solución a las relocalizaciones de asentamientos, sector más vulnerable de la sociedad.

Entre las propuestas analizadas, se planteó la racionalización tributaria, es decir la eliminación de todos los tributos provinciales que gravan el contrato de esta tales como: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuestos de Sellos, Tasa del Registro Público de Constructores. A su vez, la exención de pago de tasas municipales, la eliminación de costos no productivos, sobre todo en barrios no vulnerables. Por último, la revisión de los materiales e ítems de obra para lograr una disminución de costos sin que implique modificar la prestación de la vivienda.

El garantizar la accesibilidad a la vivienda, sin duda, fue uno de los puntos más fuertes de este Acuerdo para los sectores vinculados a las obras.

San Juan, a través de estas propuestas, propone la necesidad de sostener o mejorar la cantidad de viviendas, de tal manera de favorecer la reactivación económica y asegurar la ocupación de la mano de obra de la industria de la construcción.