Por: Redacción Actualidad Jachallera

El proceso de investigación por las amenazas de tiroteo que generaron preocupación en distintas escuelas de Jáchal sigue avanzando en el ámbito judicial. Así lo confirmó el juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, Eduardo Vega, quien aseguró que las actuaciones continúan y que ya se han realizado audiencias vinculadas a la causa, mientras se proyectan nuevas medidas para profundizar el trabajo investigativo.

Las amenazas, que encendieron las alarmas en la comunidad educativa y provocaron inquietud entre estudiantes, docentes y familias, continúan siendo objeto de análisis por parte de la Justicia. Sin embargo, el magistrado fue prudente respecto a los detalles de la causa y evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

“Estamos todavía investigando, por eso no voy a dar mayores certezas, estamos trabajando en eso, hemos tenido algunas audiencias ya generadas y estamos en proyección de otras, es lo que puedo adelantarles”, expresó Vega al ser consultado sobre el avance de las causas.

 

Un mensaje de prevención para los jóvenes

Más allá de las actuaciones judiciales en curso, el juez aprovechó la oportunidad para poner el foco en una cuestión que considera fundamental: la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por una ley nacional.

Según explicó, este cambio normativo traerá modificaciones importantes en materia de responsabilidad penal de los menores de edad y podría transformar situaciones que actualmente algunos adolescentes consideran simples bromas o juegos en conductas que podrían tener consecuencias penales concretas.

“Es bueno tocar un tema que creo que es necesario. Así como estamos a días de la inauguración del próximo edificio judicial, también estamos a días de la puesta en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que implica otro tipo de responsabilidades y tiene diferentes variantes, diferentes cambios, pero una de ellas es la baja de la inimputabilidad”, señaló.

En ese sentido, Vega remarcó la importancia de que padres, madres y adultos responsables dialoguen con los jóvenes sobre los alcances de estas modificaciones legales.

“Lo que para algunos chicos hoy en día es un juego por la edad que tienen, a partir de septiembre puede llegar a ser delito. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de trasladar a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, de que lo que hoy en día puede ser un juego, mañana puede ser un delito y van a tener que ser parte de un proceso”, sostuvo.

 

Cambios que requerirán adecuaciones en la provincia

El magistrado también explicó que la implementación efectiva del nuevo régimen penal juvenil requerirá una serie de adecuaciones dentro del sistema judicial provincial.

De acuerdo con su análisis, si bien la ley nacional establece un plazo determinado para su entrada en vigencia, todavía existen aspectos operativos e institucionales que deben resolverse para garantizar su correcta aplicación.

“Eso también está por definirse, porque la creación de esa ley es bajo el sistema acusatorio y es algo que hay que modificar a nivel provincial”, manifestó.

Asimismo, indicó que durante el reciente encuentro institucional el tema fue abordado junto a autoridades del máximo órgano judicial de la provincia, quienes trabajan en iniciativas vinculadas a la adaptación de normativa que demandará el nuevo escenario.

 

Infraestructura, capacitación y recursos

Otro de los aspectos destacados por Vega tiene que ver con los desafíos que implica poner en funcionamiento el nuevo régimen penal juvenil en términos prácticos.

El juez señaló que la normativa contempla la necesidad de contar con establecimientos adecuados para el tratamiento de las situaciones que involucren a menores de edad, además de operadores especializados para intervenir en estos procesos.

“La ley nacional dice que tiene un plazo de 180 días que se cumple, si no recuerdo mal, el 4 de septiembre. Debería estar operativa a partir de ahí la ley. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con establecimientos adecuados para eso. El sistema marca también la especialidad de los operadores, y eso es algo que hay que organizar, no es algo que se dé así tan fácilmente”, explicó.

A ello se suman cuestiones presupuestarias y de coordinación institucional entre los distintos poderes del Estado, aspectos que deberán ser evaluados para garantizar una implementación efectiva. “Implica también cuestiones presupuestarias, entiendo yo, y eso lo analiza ya nuestro órgano máximo, que es la Corte, con el Poder Ejecutivo y Legislativo a la vez también”, agregó.

 

 

 

 

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