Por: Redacción Actualidad Jachallera

A pocas horas de la sanción de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, decidió avanzar por la vía judicial y presentó la primera demanda para frenar la aplicación de la norma en todo el país. Se trata de una acción de amparo colectivo que busca declarar la inconstitucionalidad de la reforma y suspender de manera inmediata sus efectos.

La presentación fue radicada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y cuenta con el respaldo institucional de la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú. En conjunto, los demandantes sostienen que los cambios introducidos por el Congreso representan un claro retroceso en materia de protección ambiental.

En el escrito judicial, los impulsores del amparo solicitaron la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la norma, al considerar que vulnera derechos de jerarquía constitucional, como el acceso al agua y a un ambiente sano. Además, pidieron el dictado de una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación de la ley hasta que exista una sentencia definitiva.

Uno de los ejes centrales de la demanda está vinculado al riesgo ambiental que, según advierten, podría derivarse de la nueva normativa. Desde los sectores que impulsan la acción judicial alertaron que permitir su implementación mientras se discute su validez podría ocasionar “daños graves e irreversibles” en ecosistemas sensibles, particularmente en zonas glaciares y periglaciares.

La controversia se profundiza a partir de uno de los puntos clave de la reforma: el nuevo esquema establece que la protección del ambiente glaciar y periglaciar quedará sujeta a estudios técnicos que deberán realizar las provincias. En ese marco, aquellas áreas que no sean consideradas estratégicas para la función hídrica podrán ser excluidas del inventario nacional y, en consecuencia, habilitadas para el desarrollo de actividades productivas.

Para los demandantes, este cambio rompe con el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un piso uniforme de protección en todo el territorio argentino. “La Nación debe asegurar un estándar común que no puede quedar librado a decisiones fragmentadas de cada provincia”, sostienen en la presentación, al tiempo que remarcan el carácter interjurisdiccional de los recursos hídricos.

En ese sentido, desde La Pampa subrayan que, pese a no contar con glaciares en su territorio, la provincia depende directamente de los sistemas hídricos que nacen en la Cordillera de los Andes. Por ello, advierten que cualquier modificación en la protección de estos ecosistemas impacta de manera directa en la disponibilidad y calidad del agua en su región.

El planteo judicial también introduce el concepto de “regresividad ambiental”, al señalar que la nueva legislación reduce el nivel de protección vigente desde 2010 sin una justificación suficiente. Este argumento apunta a cuestionar la validez de una reforma que, según los firmantes, debilita garantías ya consolidadas en materia ambiental.

De esta manera, la discusión en torno a la Ley de Glaciares suma un nuevo capítulo, ahora en el ámbito judicial, con un conflicto que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y abrir un frente de tensión entre el Gobierno nacional, las provincias y las organizaciones ambientalistas.