Por: Redacción Actualidad Jachallera

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios luego de una serie de acusaciones difundidas en el programa televisivo “Telenueve Denuncia”, las cuales considera falsas, agravantes y carentes de sustento verificable.

En ese marco, el mandatario provincial envió cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, intimándolos a rectificar públicamente las afirmaciones realizadas o, en su defecto, a ratificarlas presentando las pruebas correspondientes en un plazo de 24 horas.

Según se detalla en la presentación formal, Orrego sostiene que durante el programa se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante expresiones que calificó como “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”. Además, subrayó que esas afirmaciones fueron presentadas ante la audiencia como hechos ciertos, lo que —según advierte— excede los límites de la libertad de expresión y afecta directamente su honor y buen nombre.

El gobernador advirtió que, en caso de que los destinatarios de las cartas documento no respondan a la intimación o no presenten pruebas que respalden lo expuesto públicamente, avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios, además de impulsar las correspondientes acciones legales por calumnias e injurias.

El conflicto se produce en un contexto más amplio, ya que otros gobernadores del país también avanzaron o evalúan avanzar con acciones judiciales contra el mismo periodista por situaciones similares. Entre quienes ya iniciaron demandas se encuentran Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y Gustavo Sáenz, mandatario de Salta. A esa lista se suma recientemente Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Asimismo, otros dirigentes provinciales analizan seguir el mismo camino legal ante situaciones que consideran comparables. Entre ellos figuran Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Claudio Poggi, de San Luis.

Desde el Gobierno de San Juan señalaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que perjudica la institucionalidad democrática. En ese sentido, remarcaron que acusaciones de esa naturaleza, cuando no cuentan con respaldo verificable, afectan no sólo la reputación de las personas involucradas sino también el funcionamiento de las instituciones.