El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".

Luego de que se conozca la medida judicial que rechazó la ampliación de las audiencias públicas, el diputado Nicolás Mayoraz -que en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es uno de los coordinadores del esquema de debate- celebró la noticia en sus redes sociales, en donde consideró que "un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana".

Mayoraz señaló que el proceso de debate es legítimo porque se ajusta al Acuerdo de Escazú, el marco internacional sobre participación ambiental. Así fue que enumeró: "se exige tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda interiorizarse del tema"; "toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna"; "no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación"; "se habilitaron cuatro vías de participación"; "todas las provincias tienen representación".

"Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra. Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del Congreso más reformista de la historia", concluyó.