Por: Redacción Actualidad Jachallera

Según estimaciones de legisladores involucrados en el seguimiento del proceso, ya habría cerca de 18.000 inscriptos interesados en exponer durante la audiencia. La cifra, aseguran, pone en evidencia el alto nivel de movilización social alrededor del proyecto.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, graficó la magnitud del interés con una comparación llamativa: “Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más”, dijo al referirse al volumen de personas que buscan participar del debate.

Ante ese escenario, Ferraro presentó este martes una nota junto con las diputadas Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) dirigida a las autoridades de la Cámara de Diputados.

El documento fue enviado al presidente del cuerpo, Martín Menem, al secretario parlamentario Adrián Pagán y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la carta, los legisladores pidieron que se amplíe la audiencia pública convocada para tratar el proyecto, que ya cuenta con media sanción, con el objetivo de garantizar una participación más amplia.

“Solicitamos que se disponga la ampliación de la audiencia pública a fin de asegurar una participación ciudadana efectiva y acorde con los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú”, señalaron en la presentación.

El planteo de la oposición apunta directamente al formato actual previsto para la audiencia.

El esquema establecido contempla dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones de cinco minutos por participante. Bajo esas condiciones, explicaron los diputados, solo podrían intervenir alrededor de 216 oradores.

Esa cifra representa una proporción muy reducida frente a la cantidad total de personas que se anotaron para participar del proceso.

“Al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar”, indicaron los legisladores en la nota. “El formato previsto permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos”, advirtieron.

Los legisladores también advirtieron que limitar la participación ciudadana podría generar cuestionamientos judiciales sobre el proceso legislativo.

En su presentación señalaron que la masiva inscripción refleja el interés de distintos sectores sociales, científicos, académicos y productivos por intervenir en el debate sobre la ley.

“Limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática”, sostuvieron.

Además, alertaron que un proceso con instancias de participación meramente formales podría aumentar el riesgo de judicialización, ya que podría interpretarse como una vulneración de los estándares de participación previstos en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú.