Por: Redacción Actualidad Jachallera

Luego de una sesión extensa y cargada de argumentaciones técnicas y políticas, el Senado de la Nación aprobó la modificación a la ley de explotación de glaciares con un total de 40 votos afirmativos y 31 negativos, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo de los recursos naturales y el rol de las provincias en la toma de decisiones. Con esta media sanción, el proyecto ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, donde se anticipa otro debate intenso.

En San Juan, una de las provincias más implicadas en la discusión por su geografía de montaña y su histórica actividad minera, la novedad generó repercusiones inmediatas. El gobernador Marcelo Orrego se expresó públicamente y destacó la importancia del avance legislativo para el federalismo y para el modelo de desarrollo que impulsa su gestión.

“Hoy damos un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia. Esta ley reconoce facultades constitucionales de San Juan y fortalece un esquema donde la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio”, afirmó el mandatario, aludiendo a uno de los ejes centrales del planteo sanjuanino: la necesidad de que cada jurisdicción pueda definir, con criterios técnicos propios, cómo administrar y resguardar sus ambientes glaciares y periglaciares.

Orrego también reforzó un mensaje que desde hace años se repite en la provincia y que atraviesa tanto la agenda productiva como la ambiental: la convivencia entre minería y protección del recurso hídrico. “Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días. Como sanjuanino defiendo una minería responsable que genere trabajo y que sea parte de la transición energética”, sostuvo, buscando poner en valor el desafío de equilibrar la sostenibilidad con las oportunidades económicas que ofrece la producción minera moderna.

La media sanción en el Senado se dio en un contexto nacional donde persisten posiciones diferentes respecto al impacto de la reforma. Para algunos sectores, la modificación brinda mayor claridad jurídica y permite a las provincias ejercer competencias que consideran históricas. Para otros, podría implicar riesgos para la preservación de ecosistemas estratégicos en un contexto de crisis climática.