Por: Redacción Actualidad Jachallera

En una sesión extensa que comenzó a las 15 y se prolongó durante varias horas de discursos encendidos, chicanas políticas y defensas técnicas, el Senado de la Nación aprobó la aclaratoria a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El resultado llegó luego del llamado a votación efectuado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantuvo al recinto en silencio durante unos segundos de expectativa antes de que se conociera el desenlace.

La iniciativa redefine conceptos claves de la normativa vigente —sancionada en 2010— y delegará en las provincias la potestad de establecer los estándares técnicos y las delimitaciones del ambiente glaciar y periglaciar, un punto que abrió un amplio debate político, jurídico y ambiental.

El resultado fue posible gracias al acompañamiento de legisladores vinculados a gobernadores de provincias mineras, entre ellas San Juan, donde el tema generó distintas posiciones incluso dentro de un mismo espacio político.

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San Juan, en el centro del debate y con votos divididos

Los tres senadores sanjuaninos protagonizaron una de las postales políticas más comentadas de la jornada. Por un lado, Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, y Sergio Uñac, referente del peronismo, votaron a favor de la aclaratoria.

En contra se pronunció Celeste Giménez, quien ingresó al Senado en 2023 como parte de la boleta del frente justicialista. Su postura se alineó con el kirchnerismo, que cuestionó el alcance de la reforma por entender que podría significar una flexibilización en la protección ambiental.

La interna sanjuanina no fue menor: desde distintos sectores del justicialismo provincial se había sugerido acompañar la aclaratoria bajo el argumento de que la ley vigente había generado “frenos a inversiones estratégicas” y obstaculizado la puesta en marcha de proyectos productivos.

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Olivera fue el único sanjuanino en hablar

Durante el debate, el único representante sanjuanino que pidió la palabra fue Olivera, quien realizó una férrea defensa del proyecto.

“El proyecto no deroga la protección de glaciares, no habilita actividades prohibidas y tampoco viola la Constitución. Todo lo contrario: hace que se cumpla”, expresó ante sus pares, rechazando lo que definió como una “ambigüedad jurídica” en la normativa actual.

Además, apuntó contra sectores que plantean la oposición entre protección ambiental y desarrollo económico:
“Hay quienes presentan este debate como una elección imposible: o agua o desarrollo. Esta dicotomía es totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, nunca lo fueron.”

Sus palabras sintetizaron uno de los ejes centrales del debate: hasta qué punto la legislación vigente protege o bloquea proyectos mineros, especialmente en provincias cordilleranas.

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Un debate que enfrenta posturas ambientales e intereses productivos

La reforma introduce definiciones más precisas sobre el concepto de ambiente periglaciar y deja en manos de las provincias los criterios técnicos para delimitarlo. Para sectores ambientalistas, esto podría debilitar la protección de los glaciares al quedar sujeta a criterios locales, con riesgos de presiones políticas o económicas.

Para la industria minera, en cambio, la aclaratoria trae seguridad jurídica y previsibilidad para inversiones en cobre y litio, considerados clave para la transición energética global.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras destacaron que la actividad puede desarrollarse con planificación y controles adecuados, y remarcaron un dato que suele aparecer en este tipo de discusiones:
el 93% del agua se destina a la agricultura y apenas el 1% a la minería.

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Lo que viene: una discusión que se traslada a Diputados

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto se encamina ahora a la Cámara de Diputados, donde comenzará un nuevo capítulo político y técnico. Allí se definirá si la aclaratoria se convierte en ley y si el país avanza hacia un nuevo esquema regulatorio para las zonas glaciares y periglaciares, un marco que lleva 15 años generando debates, tensiones y litigios.

Mientras tanto, gobernadores de provincias mineras, legisladores de distintos bloques, organizaciones ambientalistas y cámaras empresarias ya comenzaron a mover sus piezas para influir en el tramo final de la discusión.