Por: Alejandro Pellegrinuzzi- Diario Huarpe

La resolución judicial marca un punto final a la incertidumbre legal que rodeaba el caso liderado por el fiscal Sohar Aballay. Según informaron fuentes calificadas de la UFI Norte, la decisión se fundamentó en que los informes técnicos emitidos por los organismos intervinientes no arrojaron resultados que pudieran encuadrarse en una figura penal. Es importante destacar la distinción técnica realizada por las autoridades: la causa no fue simplemente archivada, sino desestimada, bajo la premisa de que "no hay delito".

Desde la fiscalía aclararon que, en rigor, nunca existió una denuncia de particulares por este hecho, sino que fue el propio Ministerio Público Fiscal quien inició las actuaciones de oficio para determinar si había algún ilícito ambiental tras la aparición masiva de ejemplares muertos.

Para llegar a este dictamen, la fiscalía analizó un cúmulo de elementos probatorios y respuestas de diversos organismos técnicos. Entre los informes recolectados se encuentran datos aportados por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Cipcami, la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica.

Si bien la hipótesis oficial inicial apuntaba a una muerte por hipoxia (falta de oxígeno), el caso estuvo rodeado de controversia debido a que análisis de la UNCuyo habían detectado previamente la presencia de cloro total en puntos sensibles de la cuenca, como el río La Palca y el sector del Puente Buena Esperanza, elementos que no deberían estar presentes en un río cordillerano. Sin embargo, para la justicia, estos hallazgos no fueron suficientes para configurar un delito penal ambiental vinculado directamente con la tragedia en el espejo de agua.

La resolución de la UFI Norte se produce en un contexto de gran sensibilidad para los habitantes de Iglesia y Jáchal, para quienes el dique Cuesta del Viento es un recurso vital. La demora en los resultados definitivos y la falta de información clara durante el proceso habían alimentado un clima de temor respecto a posibles efectos a largo plazo en la salud y el medio ambiente.

A pesar del cierre de la instancia penal, el foco de la sociedad civil y del municipio de Jáchal continúa puesto en la vigilancia del agua. No obstante, el fiscal Aballay había aclarado previamente que los análisis de rutina por la ordenanza de "Agua Segura" corren por una vía administrativa y legal distinta a la investigación penal del hecho puntual ocurrido en noviembre. Con esta desestimación, el caso queda sin culpables ante la ley, cerrando una de las investigaciones ambientales más resonantes de los últimos tiempos en la provincia.

Fuente: Alejando Pellegrinuzzi- Diario Huarpe