Por: Redacción Actualidad Jachallera

De esta manera, las prórrogas fueron oficializadas en el Boletín Oficial a través de las publicaciones de los decretos 942/2025, que comprendió la emergencia sanitaria, y 939/2025, que hizo referencia al pago de las contribuciones patronales de instituciones privadas.

En el caso de la emergencia sanitaria nacional, el Ministerio de Salud de la Nación realizó algunas modificaciones. La más destacada apuntó a una colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, para crear un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica relacionada con productos sujetos a fiscalización.

Al mismo tiempo que se fortalecerán las acciones de prevención y control del uso de sustancias químicas, el organismo a cargo de Mario Lugones también participará en estrategias intersectoriales para combatir el narcotráfico mediante el intercambio de información, coordinación operativa y fortalecimiento de mecanismos de control.

Incluso, el decreto sustituyó el inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios, por lo que se le asignó a la cartera sanitaria la responsabilidad exclusiva sobre el “diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral”, así como la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas.

De la misma manera, se confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, luego de que se anunciara el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tal como se había anticipado, todos los compromisos, recursos y funciones que estaban bajo la órbita del ex organismo quedarán bajo la administración del ministerio.

Respecto a la extensión de la medida que frena los aumentos de contribuciones patronales a abonar por las escuelas privadas, el Gobierno explicó que la decisión buscaba frenar un aumento en los fondos asignados por las provincias a estas instituciones.

“El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las Provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye al pago de los sueldos de los docentes curriculares, sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, profundizaron al resaltar que un gran porcentaje de estas cuentan con un subsidio estatal.

No obstante, la medida también incluirá a las instituciones que no perciban aportes del Estado, debido a que, de aplicarse, se traduciría en la cuota que abonarían las familias. De esta forma, se evitaría “afectar la economía” de los grupos familiares que optan por esos colegios.

De la misma forma, recordaron que el artículo 24 de la Ley N° 27.541, conocida como Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, había otorgado la posibilidad de prorrogar estos alivios si la situación económica del sector lo demandaba, siempre que existieran informes técnicos positivos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía.

Así, los empleadores titulares de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, amparados por las Leyes N° 13.047 y N° 24.049, mantuvieron las alícuotas previas hasta la fecha establecida