martes 30 de diciembre de 2025 - Edición Nº3389

Locales | 29 Dec

CONFERENCIA DE PRENSA

Hablaron del convenio entre el Municipio y UDAP, pidieron baja de sueldos de la planta política y exigieron informes por la FNT

Los concejales Gema Casas y Felipe Táñez cuestionaron el convenio firmado entre la Municipalidad y el gremio docente UDAP para la concesión del camping, solicitaron que la planta política del municipio se baje el sueldo ante la crisis económica y exigieron al Ejecutivo un informe detallado sobre los ingresos y egresos de las ediciones 2024 y 2025 de la Fiesta Nacional de la Tradición.


Por: Redacción Actualidad Jachallera

Durante el contacto con la prensa, la concejal Gema Casas explicó los motivos por los cuales, junto a su par Felipe Táñez, decidieron no dar quórum en la última sesión del Concejo Deliberante. Según detalló, la decisión estuvo vinculada a la inclusión de temas sobre tabla que, a su entender, no correspondían, sumado a la falta de respuestas a diversos pedidos de informe previamente solicitados. En ese marco, señaló que dichos pedidos tampoco fueron incorporados para su tratamiento en el recinto, lo que motivó la determinación adoptada.

Uno de los temas que iba a tratarse en aquella sesión era el convenio con UDAP para la concesión del camping del gremio docente. Al respecto, Casas indicó que, cuando el expediente fue analizado en la sesión anterior correspondiente, detectaron numerosas falencias en la documentación. Entre ellas, mencionó la ausencia del acta donde conste la firma y el acuerdo formal por parte del gremio para ceder el predio y su administración al municipio, además de la existencia de información repetida, como la inclusión de tres fotocopias de convenios diferentes dentro del mismo expediente.

Más allá de las irregularidades administrativas, la concejal manifestó su desacuerdo de fondo con el contenido del convenio. “Consideramos que no corresponde que el municipio se haga cargo del camping de UDAP cuando hay otro tipo de prioridades”, expresó. En ese sentido, detalló que el acuerdo establece el pago mensual de un millón quinientos mil pesos al gremio, además de la obligación municipal de afrontar obras de infraestructura, mantenimiento del predio y la contratación de personal necesario para esas tareas.

Casas también cuestionó el argumento de que el beneficio del camping estaría destinado únicamente a los empleados municipales. “El municipio tiene que tener una visión mucho más amplia y pensar en beneficios para toda la comunidad de Jáchal”, sostuvo, y remarcó que existen espacios recreativos propios, como el camping del Vivero Municipal, Huerta de Huachi y La Ciénaga, que son de acceso gratuito para todos los vecinos y que requieren inversiones para su adecuado acondicionamiento.

Por su parte, el concejal Felipe Táñez reforzó la postura desde el aspecto económico. Indicó que, de acuerdo a lo que se desprende del convenio, en un lapso de dos años el municipio podría llegar a invertir alrededor de 40 millones de pesos, sumando a las obras complementarias. “Es una erogación que hoy por hoy, por la información que tenemos y lo que nos han comentado algunos funcionarios, el municipio no estaría en condiciones económicas y financieras de afrontar”, advirtió.

En la conferencia también se abordó la situación salarial dentro del municipio. Ambos ediles informaron que presentaron un pedido formal para que la planta política del municipio —incluyendo secretarios, directores y otros cargos jerárquicos— se baje el sueldo. El planteo surge, según explicaron, a partir de la marcada diferencia existente entre los salarios de la conducción política y los ingresos que perciben los contratados y becarios, a quienes describieron como trabajadores que hoy cobran montos muy bajos y enfrentan grandes dificultades para sostenerse en el actual contexto económico.

Finalmente, los concejales se refirieron a la Fiesta Nacional de la Tradición. Explicaron que habían solicitado el ingreso sobre tabla de un expediente para requerir información sobre la rendición de cuentas de la edición 63, correspondiente al año 2024, y de la edición 64, realizada en 2025, pero que ese pedido no fue habilitado por el cuerpo legislativo. Ante esa situación, anunciaron que volvieron a presentar un pedido de informes dirigido directamente al Poder Ejecutivo Municipal, exigiendo que se remita la información en un plazo perentorio de entre 5 y 10 días hábiles.

Según manifestaron, el objetivo es conocer en detalle qué ocurrió con ambas ediciones de la fiesta, qué empresas fueron contratadas, cuáles fueron los gastos realizados y cómo se administraron los recursos. “Tenemos algunas dudas que han levantado bastantes sospechas y queremos contar con esa información por parte del Ejecutivo”, señalaron, remarcando que, ante la falta de acompañamiento del Legislativo, esperan ahora una respuesta directa del Ejecutivo Municipal.

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