Por: Redacción Actualidad Jachallera

El Gobierno nacional profundizó su ofensiva de reformas estructurales al enviar al Congreso un proyecto que propone transformar de manera sustancial la forma en que se calculan y financian las indemnizaciones por despido en Argentina. El capítulo destinado al régimen de desvinculaciones se convirtió rápidamente en el eje más discutido de la propuesta, ya que redefine criterios que se mantienen vigentes desde hace décadas.

La columna vertebral del proyecto consiste en que los convenios colectivos puedan reemplazar la indemnización clásica por fondos o seguros de cese laboral. Estos mecanismos serían financiados mediante aportes patronales mensuales y funcionarían como respaldo para cubrir a los trabajadores ante una desvinculación. En la visión del oficialismo, este cambio permitiría que las empresas no enfrenten un pago elevado de manera repentina, mientras que el trabajador contaría con un esquema de cobertura más previsible y sostenido por su actividad.

El texto ingresado al Parlamento redefine los parámetros para calcular la base indemnizatoria. Solo se computarán los conceptos habituales, es decir, aquellos que el trabajador haya devengado durante al menos seis meses en el último año. De esta manera, quedan comprendidos el salario básico, los adicionales frecuentes y la antigüedad, mientras que se excluyen pagos extraordinarios, gratificaciones ocasionales y sumas excepcionales.

Según el Gobierno, esta distinción apunta a evitar que las indemnizaciones se vean infladas por ingresos que no representan la remuneración real y sostenida del trabajador.

 

Topes y pisos para ordenar el cálculo

Otro de los cambios de mayor alcance es la inclusión de límites explícitos en el cálculo de la base indemnizatoria. La remuneración tomada como referencia:

• No podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente,
• Ni podrá ser inferior al 67% de ese mismo promedio.

 

Con estos parámetros, la iniciativa busca reducir la dispersión entre actividades y unificar criterios en la determinación de montos finales, una demanda que distintos sectores empresariales vienen planteando desde hace años.

La fórmula histórica para el despido sin causa se conserva en su esencia: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. No obstante, el proyecto incorpora nuevas reglas para el pago fraccionado y para la aplicación de intereses, fijando límites y condiciones específicas.

También se establece que, si un despido es declarado inválido por la Justicia, el trabajador podrá escoger entre ser reincorporado o cobrar la indemnización correspondiente. En caso de optar por volver a su puesto, la empresa deberá abonar los salarios correspondientes al período en que el trabajador estuvo desvinculado.

El proyecto detalla cómo debe distribuirse la indemnización cuando el trabajador fallece, precisando quiénes son los beneficiarios legales y en qué proporciones corresponde liquidar el monto.

En paralelo, se crean los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con un aporte patronal del 3% de la remuneración computable. Su función será colaborar con las empresas ante situaciones de despido y operar bajo un esquema estrictamente regulado de administración y liquidación.

 

Un debate que tensiona al mundo laboral

El Gobierno sostiene que este rediseño del sistema indemnizatorio aportará mayor previsibilidad, reducirá los conflictos judiciales y facilitará la contratación en el sector privado. Del otro lado, las organizaciones sindicales advierten que la reforma implica una pérdida de protección, que puede abaratar el costo del despido y habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad para los trabajadores.