Por: Redacción Actualidad Jachallera

La Defensoría del Pueblo de San Juan informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya fueron completamente restituidas y depositadas, en cumplimiento de la resolución judicial que ordenó retrotraer el recorte. La medida se concretó tras el amparo colectivo presentado por la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, quien actuó para frenar las bajas masivas y garantizar la continuidad del beneficio para miles de sanjuaninos.

El organismo provincial destacó que la restitución incluyó los haberes adeudados, el pago correspondiente a diciembre y también el medio aguinaldo, asegurando que las personas afectadas volvieran a contar con un ingreso indispensable para su subsistencia. Por este motivo, se solicitó a cada beneficiario que verificara su situación en el lugar de cobro habitual, a fin de constatar que los montos estuvieran acreditados en su totalidad y sin diferencias.

Desde la Defensoría remarcaron que el acompañamiento continuará en las próximas semanas, tanto para supervisar la correcta implementación de la restitución como para asistir a quienes aún presenten dudas o dificultades para acceder al beneficio. La ciudadanía, recordaron, puede comunicarse a través de los canales oficiales del organismo para recibir asesoramiento sobre las PNC por Invalidez o realizar consultas vinculadas al proceso.

De acuerdo con los datos oficiales, San Juan cuenta con más de 36.000 beneficiarios de este tipo de pensiones, y se estima que unas 10.000 personas fueron afectadas directamente por las suspensiones aplicadas entre agosto y septiembre.

La defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, destacó que la medida judicial buscó restablecer un derecho esencial para miles de familias sanjuaninas. Subrayó que, para muchos titulares, la pensión constituye el único ingreso del hogar y resulta indispensable para garantizar la alimentación, tratamientos médicos y medicamentos.

“Una pensión hoy, con el bono de $70.000, equivale a $298.000. Para muchas familias, es su único ingreso. El día anterior a la presentación del amparo, recibí a una beneficiaria que me dijo: ‘no tengo para comer ni para los medicamentos, la única opción que me queda es quitarme la vida’. Ese era el nivel de desesperación que vivían”, relató con preocupación.