Por: Diario Huarpe

La movilización transcurrió con un clima de tensión y expectativa. Los manifestantes esperaron durante horas a que el jefe comunal los atendiera. Finalmente, Espejo salió a la puerta del municipio y les comunicó que los análisis de agua no se están realizando debido a “cuestiones legales” vinculadas a la ordenanza municipal.

 

Una respuesta que no conformó a los vecinos

Frente a la explicación del intendente, los vecinos insistieron en que los análisis no pueden seguir postergándose, especialmente ante la alarmante y sostenida aparición de peces muertos en el dique.

“No podemos esperar más tiempo, señor intendente. Los peces siguen apareciendo muertos y los estudios son urgentes”, reclamaron.

Espejo respondió que buscará una vía legal alternativa para realizar los análisis de manera inmediata y pidió hasta el lunes para confirmar si pueden o no llevarse adelante.

Aunque aceptaron esperar, los vecinos dejaron en claro su postura y advirtieron que, si no hay una respuesta favorable, las manifestaciones continuarán en las calles de Jáchal.

 

Documentación presentada y opciones legales

Durante el encuentro, los manifestantes entregaron al intendente una nota formal con el pedido de análisis y adjuntaron un presupuesto detallado del costo de los estudios necesarios. Además, señalaron que el Ejecutivo municipal podría elaborar una ordenanza extraordinaria que habilite el pago urgente de los análisis, considerando la gravedad de la situación ambiental.

La emergencia tomó mayor dimensión luego de que se conociera a través de DIARIO HUARPE que la Unidad Fiscal del Norte abriera una investigación bajo la carátula de “envenenamiento de agua”. Y que la Asamblea Jáchal No Se Toca aportó nuevos informes técnicos al expediente judicial (Legajo N° MPF-JA-00734-2025), cuestionando los datos difundidos por la Secretaría de Ambiente, que atribuía la mortandad de peces a bajos niveles de oxígeno disuelto. Los estudios independientes señalan que las mediciones de oxígeno fueron normales, lo que podría indicar la presencia de metales pesados u otros contaminantes.

 

Ordenanza incumplida y presiones institucionales

La Ordenanza Agua Segura, sancionada en 2015 tras los derrames mineros en Veladero, obliga al municipio a realizar controles periódicos del agua potable para detectar sustancias peligrosas. Sin embargo, desde la asunción de Espejo, en diciembre de 2023, no se efectuaron los monitoreos obligatorios.

El Concejo Deliberante también intervino esta semana y elevó un pedido de informes para conocer por qué el Ejecutivo no ha cumplido con sus obligaciones.

A su vez, el reclamo vecinal fue respaldado por el presbítero Gustavo Vaca, administrador del Santuario San José, quien también esta semana presentó por expediente al intendente (N.º 4994-A), un pedido formal para que realice los estudios del agua.

 

Unidad vecinal y pedido al Gobierno provincial

La movilización de este viernes dejó un mensaje claro: la comunidad jachallera no está dispuesta a seguir esperando. Exigen controles serios e inmediatos, y que se cumpla la ordenanza que protege un derecho fundamental: el acceso al agua segura.

Los vecinos y productores también pidieron la intervención del gobernador Marcelo Orrego para garantizar la seguridad ambiental del pueblo jachallero e iglesiano.

Ahora, todas las miradas están puestas en el lunes, día en que el intendente deberá confirmar si cumple o no con los análisis postergados.

 

Fuente: Diario Huarpe