Por: Redacción Actualidad Jachallera

En una sesión cargada de expectativa, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, los diputados provinciales eligieron a Guillermo Baigorrí como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, en una votación que arrojó 25 votos afirmativos y 11 negativos. El magistrado resultó seleccionado de una terna que también integraban Matías Senatore y Rolando Lozano, ambos con destacadas trayectorias en el ámbito judicial sanjuanino.

La elección de Baigorrí llega en un momento particular para la estructura judicial de San Juan, tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, quien condujo la Fiscalía General durante años y dejó un fuerte sello institucional. El cargo había quedado vacante meses atrás, dando inicio a un proceso que incluyó entrevistas públicas, evaluaciones formales e impugnaciones de diverso tipo.

La fecha exacta de asunción aún no fue confirmada, ya que dependerá de la toma de juramento que deberá realizar la Corte de Justicia, último paso formal antes de que comience a ejercer.

La carrera de Guillermo Baigorrí muestra una evolución sostenida, primero desde la actividad privada y luego dentro del Poder Judicial. Entre 1989 y 2012 se desempeñó como abogado litigante y asesor de empresas, una etapa que le aportó una marcada impronta técnica y estratégica en el análisis de casos complejos.

El salto al ámbito judicial ocurrió el 19 de diciembre de 2012, cuando fue designado juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Desde ese rol intervino en causas de relevancia provincial y, a partir de 2016, pasó a integrar —en calidad de subrogante— la Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan.

Uno de los momentos más resonantes de su trayectoria fue su participación en la denominada Megacausa de Expropiaciones, un expediente de alto impacto político y económico. Allí, Baigorrí se consolidó como un magistrado de perfil reservado, meticuloso y con fuerte apego a la formalidad procesal.

Durante su exposición ante la Comisión Evaluadora, el ahora Fiscal General electo presentó las líneas centrales de su propuesta de gestión. Destacó la necesidad de fortalecer el diálogo institucional y avanzar hacia una fiscalía moderna, capaz de acompañar los cambios que atraviesa la provincia.

“San Juan está viviendo un proceso de transformación, con inversiones y actores nuevos. Para eso necesitamos instituciones firmes y fuertes, que garanticen absoluta seguridad jurídica”, expresó ante los legisladores.

Entre los ejes más relevantes de su programa, el magistrado subrayó:

• La importancia de profesionalizar y planificar la comunicación institucional del Ministerio Público Fiscal.
• El fortalecimiento de los equipos técnicos y la capacitación permanente.
• La centralidad de las víctimas en el proceso penal.

“La tutela judicial efectiva debe alcanzar a todas las víctimas”, remarcó, dejando en claro su intención de establecer una gestión centrada en derechos, transparencia y eficiencia.