Por: INFOBAE
El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.
Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.
En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.
La resolución establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde este cambio, el RENAR asume la plena responsabilidad de la aplicación, el control y la fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 junto con sus normas complementarias. Asimismo, se dejan sin efecto varias disposiciones dictadas por el antiguo RENAR (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09), de modo que todo el régimen legal vigente para armas y explosivos se consolida bajo la nueva autoridad central.