El pasado lunes 1 de septiembre de 2025, la Municipalidad de Jáchal quedó en medio de una controversia judicial de alto impacto tras ser demandada por la empresa MINEXA S.A., que solicitó ante la Justicia la nulidad del contrato de comodato firmado con la compañía cordobesa THOR Tecnología Minera S.A. y, en paralelo, una medida cautelar innovativa urgente.

Según informaron los colegas de Jáchal La Región, la presentación judicial pone bajo la lupa la legalidad y legitimidad del convenio que, con la firma del intendente Matías Espejo, entregó a THOR la posesión de un predio de más de 280 hectáreas ubicado sobre la Ruta Nacional 150, en el terreno donde funcionaba la ex Fábrica de Explosivos de Fabricaciones Militares.

El contrato cuestionado fue rubricado el 23 de junio de 2025 y establece que el municipio otorgaba en comodato y por un plazo de 50 años, el inmueble a la empresa privada. Para MINEXA, el acuerdo es “ilegal e inválido” porque no respetó el procedimiento administrativo correspondiente ni contó con la intervención del Concejo Deliberante, órgano que según la demanda debía tener participación en una decisión de tal envergadura.

“El contrato es de nulidad absoluta e insanable porque viola el derecho vigente. La autonomía municipal no habilita a un intendente a entregar gratuitamente bienes del municipio a particulares, y mucho menos por medio siglo”, se sostiene en el escrito presentado ante la Justicia.

Incluso, los demandantes cuestionan duramente al asesor letrado municipal, Julio Andino, acusándolo de una “confusión grosera” respecto de las atribuciones que otorgan los artículos 123 de la Constitución Nacional y 247 de la Constitución de San Juan a los municipios, lo que para la empresa sería motivo suficiente para solicitar su remoción inmediata del cargo.

La demanda incluye un extenso repaso de los antecedentes del predio, con un recorrido histórico desde el 6 de octubre de 2010 hasta la actualidad. En ese marco, el juez Eduardo Vega intimó a la Municipalidad a presentar la documentación respaldatoria del comodato, lo que fue cumplido por el intendente Espejo con copias de decretos, ordenanzas y el contrato en cuestión.

MINEXA sostiene que, aun con esa presentación, el acuerdo no puede sostenerse jurídicamente y pide a la Justicia que se lo declare inválido junto con “todos y cada uno de los actos administrativos que sirvieron de antecedente y sus consecuentes”.

Además del pedido de nulidad, la empresa impulsó una cautelar innovativa al amparo de los artículos 212 y siguientes del Código Procesal Civil, Comercial y de Minería de San Juan. El objetivo es que se suspendan de inmediato los efectos del contrato mientras dure el proceso judicial, con la advertencia de sanciones en caso de incumplimiento.

El planteo advierte que existe un “peligro en la demora”, dado que la empresa beneficiaria ya tomó posesión del inmueble y esto podría provocar un “daño grave, inminente y de difícil reparación ulterior”. Según la demanda, el acuerdo impacta directamente en los intereses económicos no sólo de Jáchal, sino de toda la provincia.