Por: Redacción Actualidad Jachallera
En 1994, la provincia adhirió a la Ley de Zonas Francas y firmó un convenio con el Gobierno nacional para establecer una de estas áreas aduaneras especiales en Jáchal. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, ese compromiso nunca fue cumplido. Distintos gobiernos provinciales no lograron avanzar en la concreción del proyecto y, durante la gestión anterior de Sergio Uñac, incluso se intentó trasladar la localización a otro departamento, desconociendo lo acordado inicialmente. Esta maniobra no sólo generó demoras, sino que llevó al Gobierno nacional a exigir un nuevo convenio para continuar con la tramitación, lo que trabó aún más el proceso.
Con la llegada de Orrego al Ejecutivo provincial, la decisión fue clara: retomar el camino original y recuperar para Jáchal la zona franca que le corresponde. Según explicó el Gobierno de San Juan, las gestiones se encararon con urgencia debido a que los plazos administrativos estaban a punto de vencer, lo que hubiera significado una pérdida definitiva del derecho adquirido hace 31 años.
Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, y luego a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se retomaron los contactos con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación. A partir de ese diálogo institucional y del trabajo técnico y político articulado, se logró actualizar toda la documentación necesaria y cumplir con los requerimientos exigidos por el Gobierno nacional.
El resultado fue contundente: la provincia mantuvo el derecho de tener una zona franca, y se ratificó su emplazamiento en el departamento Jáchal, tal como lo establecía el convenio original.
En paralelo, se conformó este año una nueva Comisión de Evaluación y Selección, compuesta por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; el secretario de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; y el asesor del gobernador, Federico Conte Grand. Esta comisión ya trabaja en la elección de un nuevo predio que cumpla con las condiciones técnicas y legales para la instalación de la zona franca con perfil minero.
Los requisitos son precisos: el terreno deberá tener al menos 40 hectáreas, ser de dominio público, contar con servicios básicos como agua y electricidad, y estar estratégicamente ubicado cerca de rutas importantes que conectan el departamento.
Contar con una zona franca significa para San Juan —y particularmente para Jáchal— la posibilidad de atraer inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad internacional de sus productos. Las empresas que se instalen en esta área podrán importar insumos y bienes de capital sin pagar impuestos, con el objetivo de industrializarlos y exportar los productos finales. También podrán ingresar insumos de manera masiva y nacionalizarlos cuando sean necesarios, reduciendo así los costos de producción.
Desde el Gobierno provincial aseguran que este logro es parte de una política activa de desarrollo productivo y de reparación histórica con Jáchal. “En poco tiempo, el gobernador Orrego recuperó un derecho clave que beneficia a toda la provincia, pero principalmente al pueblo jachallero, que lleva más de 30 años esperando que este sueño se transforme en realidad”, expresa el comunicado.
Con el derecho recuperado y el proyecto nuevamente en marcha, ahora el desafío será avanzar en el proceso licitatorio para poner en funcionamiento la tan esperada zona franca. Para los jachalleros, una esperanza vuelve a tomar forma.