El megaproyecto minero de Gualcamayo, situado en el norte de San Juan, sufrió un giro inesperado que obligó a la empresa a rediseñar por completo su plan de desarrollo. Según confirmó Ricardo Martínez, director ejecutivo del emprendimiento, la hoja de ruta original —presentada en noviembre de 2024— contemplaba un esquema de cinco etapas, con una inversión total estimada en US$1.000 millones. Sin embargo, dos fases fundamentales fueron descartadas por objeciones de la autoridad nacional, lo que provocó un replanteo integral y una reducción de la inversión a US$700 millones.

El plan inicial comenzaba con el tratamiento de las pilas de lixiviación que dejaban un remanente de 40.000 onzas de oro. “Cuando se compró el yacimiento se reformuló ese inventario con una cifra sustanciosa que lo colocamos en la primera etapa del RIGI anterior”, explicó Martínez. Esa fase marcaba el puntapié de una estrategia que avanzaba luego con la exploración de carbonatos profundos, el desarrollo de una nueva mina subterránea y la infraestructura energética necesaria para sostenerla.

Además, el proyecto incluía una fábrica de cal para abastecer la explotación, asociada a la construcción de un gasoducto hacia el norte sanjuanino, y finalizaba con el cierre del complejo minero, en cumplimiento de los estándares ambientales y legales vigentes.

Pero en mayo, tras varias idas y vueltas, el panorama cambió. “La autoridad nacional nos dijo que la primera etapa de pilas de lixiviación le hacía ruido por distintas cuestiones, y eliminamos esa fase. También descartamos la etapa de la fábrica de cal por los comentarios recibidos de Nación”, detalló Martínez. Esta modificación impactó de lleno en la magnitud y el alcance del proyecto.

En respuesta, la empresa presentó en junio un nuevo expediente adaptado a las observaciones del gobierno nacional y ya mantuvo reuniones con los responsables del área. En esos encuentros, Martínez aseguró que “se dejó bien en claro que nunca se planteó la posibilidad de extender la vida útil del yacimiento actual, sino que siempre hablamos de construir una nueva mina, y ahora tenemos en análisis la ampliación de nueva producción”.

El rediseño del proyecto mantiene su encuadre dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional como herramienta para atraer capitales. “Respeta la norma del RIGI, ya que es de larga duración y cumple con todas las condiciones”, remarcó el ejecutivo. Además, se incorpora un elemento innovador: la incorporación de energía fotovoltaica para abastecer la operación, en línea con una matriz energética más sustentable.

La consecuencia directa del ajuste es la reducción en el volumen de inversión. “Ahora, con el nuevo proyecto, estamos solicitando un RIGI de US$700 millones luego de la reducción de dos etapas, y quedó el grueso. Antes, el que presentamos en noviembre era de US$1.000 millones”, puntualizó Martínez.

Si bien se mantiene como una de las mayores apuestas mineras de la provincia, la baja de US$300 millones representa una merma significativa en la potencial dinamización de la economía local. A pesar de ello, desde la empresa aseguran que el nuevo plan conserva su capacidad transformadora y su visión de largo plazo.