San Juan atraviesa una etapa de alta expectativa e incertidumbre ante la demora en la aprobación de proyectos enmarcados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta promovida por el gobierno del presidente Milei y que cuenta con el acompañamiento del gobierno de Marcelo Orrego. A pesar de la adhesión provincial y la esperanza por el arribo de capitales privados, la denominada “letra chica” de la normativa nacional se convirtió en un obstáculo para que estas inversiones se concreten, sobre todo en sectores estratégicos como la minería.

Uno de los proyectos que está en el centro del debate es el de la mina Gualcamayo, ubicada en el norte sanjuanino, que busca extender su vida útil a través de nuevas inversiones. El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, explicó en declaraciones al Diario Huarpe que la raíz de la demora radica en la interpretación de los requisitos del régimen: “Hablé con José Rolandi, vicejefe de Gabinete de Milei, y me manifestó que Gualcamayo no es un proyecto nuevo, sino que se busca ahora una extensión de la vida útil, y está en debate si se puede integrar dentro del régimen o si solo aplica para proyectos nuevos. Por eso la demora y el pedido de documentación”.

Olivera confía en que el tema se resolverá pronto. “Me imagino que es un problema más de papeles que deben cumplimentarse, pero creo que debería salir porque ingresarán nuevos fondos al país. Me manifestó que van a solucionarlo. Pero esto no solo ocurre con los presentados por San Juan, sino que también ocurre con otros”, agregó.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, ratificó esta situación y brindó mayores detalles sobre el estado actual del trámite: “La información que tenemos es que todavía están en un proceso de análisis y solicitud de requerimientos por parte de Nación. Entiendo que el caso de Gualcamayo está un poco más avanzado en este proceso”.

El punto crítico gira en torno a cómo se interpreta la ley que dio origen al RIGI. Según Perea, “el régimen contempla la posibilidad de aplicarse a nuevos proyectos o a la ampliación de la capacidad de proyectos existentes. En minería, ampliar la vida útil de un yacimiento debería ser considerado una ampliación de la capacidad, aunque eso no esté explícitamente mencionado en el texto legal”.

En este sentido, el ministro enfatizó: “Desde San Juan tenemos una visión clara: prolongar la vida útil de un yacimiento es una ampliación de su capacidad. Esta es una particularidad propia de la actividad minera, dado que hay inversiones que, con el RIGI, resultan más rentables y que sin él no se llevarían a cabo, lo que dejaría el mineral sin explotar debido a su baja ley de rentabilidad negativa”.

Perea también subrayó la relevancia que el RIGI tiene para el sostenimiento de la actividad económica y el empleo: “Respaldamos este pedido que también hizo la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) para que esta interpretación se contemple dentro del régimen. Es fundamental cuidar las fuentes de trabajo y extender el horizonte productivo de nuestras comunidades”.

“La minería no solo representa una fuente significativa de ingresos para San Juan, sino que también contribuye al desarrollo de infraestructuras y a la generación de empleo en diversas áreas. La actividad minera, cuando se realiza de manera responsable y sostenible, puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó el titular de la cartera minera.

Finalmente, el ministro señaló que otras empresas, como Barrick, con su proyecto Veladero, y el conglomerado Vicuña, también evalúan presentaciones ante el RIGI, lo que demuestra el potencial de este régimen como una palanca clave para el futuro productivo de la provincia.