El documento, titulado “El Informe Jubilar: Una hoja de ruta para abordar las crisis de deuda y desarrollo y sentar las bases financieras de una economía mundial sostenible y centrada en las personas”, fue encargado por el Papa Francisco como parte de las actividades del Año Jubilar 2025, una de las últimas grandes iniciativas de su pontificado.

Aunque el documento apunta a una transformación global, su contenido tiene resonancia particular en países como la Argentina, que tras reestructurar parte de su deuda en 2020 y acordar dos programas con el FMI —el más reciente en abril de este año— aún no ha recuperado el acceso pleno a los mercados internacionales y mantiene un riesgo país de 700 puntos a pesar del programa de austeridad del Gobierno de Javier Milei.

El informe recuerda que 54 países en desarrollo ya destinan el 10% o más de sus ingresos fiscales sólo al pago de intereses de su deuda, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esta carga, señala el texto, “ha desviado recursos esenciales que deberían destinarse a la sanidad, la educación, las infraestructuras o la resiliencia climática, privando a millones de personas de atención médica vital, alimentos o empleo”.

Frente a este escenario, el informe propone una serie de reformas sistémicas a nivel internacional, enfocadas en cambiar los incentivos actuales que favorecen a los acreedores privados y obstaculizan las reestructuraciones necesarias para recuperar la sostenibilidad de las deudas. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

-Reestructuración eficiente de deuda soberana, mediante cambios en las legislaciones clave (como las de Nueva York y Reino Unido) que rijan los contratos de deuda. Se propone introducir cláusulas que faciliten acuerdos colectivos y eviten la acción de fondos especulativos.

-Fin de los rescates a acreedores privados por parte de instituciones multilaterales como el FMI, que “han contribuido a mantener la lógica perversa de endeudamiento y rescate que no resuelve los problemas estructurales”.

-Uso estratégico de controles de capital para prevenir flujos financieros desestabilizadores, fomentar inversiones de largo plazo y permitir a los países preservar su soberanía económica.

-Transparencia y participación pública en la toma de decisiones sobre endeudamiento, con mayor involucramiento de los parlamentos nacionales y de la ciudadanía.

-Reinvención del sistema financiero global, con nuevos instrumentos que prioricen el financiamiento del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el documento, Guzmán remarcó que propone “una hoja de ruta para evitar una nueva década perdida” y destacó que “más de 3.000 millones de personas viven en países que gastan más en pagar deuda que en educación o salud”. En ese sentido, llamó a una “acción inmediata” basada en decisiones políticas que vayan más allá de los intereses financieros.

Por su parte, Stiglitz afirmó que el sistema de deuda vigente “está al servicio de los mercados financieros, no de las personas”, y advirtió que sin reformas estructurales “una generación entera perderá su futuro”.

La Comisión también incluyó voces del Sur Global que remarcaron el carácter moral y humanitario de esta problemática. El jesuita africano Charlie Chilufya calificó a la crisis de deuda como “un fracaso moral” y denunció que “los países pagan la deuda con vidas humanas”. La activista filipina Mitzi Jonelle Tan, en tanto, resaltó la dimensión colonial del sistema financiero internacional: “Nos están heredando países ahogados en inundaciones y deudas. No pedimos compasión, exigimos justicia”.

Aunque el Jubilee Report fue concebido como una hoja de ruta global, sus propuestas tienen una relevancia concreta para países como la Argentina. Si bien el país no figura entre los que hoy destinan más del 10% de sus ingresos fiscales al pago de intereses —en parte gracias a la última reestructuración de deuda bajo legislación extranjera—, sigue atravesando una situación de alto endeudamiento y vulnerabilidad financiera.

Desde 2022, la Argentina firmó dos acuerdos con el Fondo en el marco de un programa excepcional que convirtió al país en el principal deudor del organismo. A pesar de ello, todavía no ha logrado recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito. De los 22 programas previos, prácticamente todos terminaron en fracaso y crisis.

El informe presentado en el Vaticano respalda una serie de cambios que podrían tener un impacto directo en esta coyuntura, según Guzmán:

- Regulación de los flujos de capital: La posibilidad de reinstalar regulaciones que desincentiven flujos volátiles, sin ser penalizadas por los organismos multilaterales, sería clave para preservar la estabilidad macroeconómica.

- Reformas en la ley de Nueva York: De avanzar, la legislación impulsada en EEUU para limitar el accionar de fondos buitre constituiría un marco más justo y previsible para futuras reestructuraciones de deuda.

- Redefinición del rol del FMI: Para la Argentina, esto implicaría una reconfiguración del vínculo con el Fondo, con menos condicionamientos regresivos y mayor legitimidad en el uso de los recursos, evitando repeticiones de 2018.

- Tasas y sobrecargos: La reducción de estas cargas representaría un alivio fiscal directo, liberando recursos para políticas productivas y sociales. También facilitaría una estrategia de crecimiento sin nuevos ajustes.