La votación, celebrada el miércoles, mostró una mayoría contundente en favor del aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones —excepto para los regímenes especiales—, junto con la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, que además quedaría sujeto a actualizaciones por inflación. Esta medida obtuvo 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se pronunció sobre el tema y sostuvo la misma línea argumentativa. En un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Francos fue enfático: “El Gobierno va a vetar las leyes que afecten el superávit fiscal, como la reforma jubilatoria”.

Durante su exposición en el Centro Naval, en el microcentro porteño, insistió en que “no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal” y que el Ejecutivo ya tomó medidas “de enorme esfuerzo” para alcanzar esa meta: recortes de programas, despidos en la administración pública y la eliminación de fondos fiduciarios, entre otros.

Francos reveló que cada miércoles el oficialismo enfrenta “una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos”. Describió como “ridículo” el hecho de que el Ejecutivo deba maniobrar para evitar que la oposición alcance el quórum y apruebe leyes que, a su criterio, “rompen el equilibrio fiscal”.

El debate en el Congreso se desarrolló en un clima tenso. El oficialismo intentó sin éxito evitar el quórum. La oposición —con bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros espacios— logró reunir los votos necesarios para avanzar con un temario que incluyó no solo el aumento en las jubilaciones, sino también proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo calculó que las iniciativas implicarían un costo de más de 12.000 millones de dólares, es decir, cerca del 1,8% del PBI.

Francos también deslizó una crítica ideológica hacia la oposición: “No creo que todos los peronistas sean delincuentes, pero tienen una concepción distinta, vieja, de hace 75 años, con una Argentina totalmente diferente”, afirmó, marcando distancia con el discurso libertario más confrontativo pero manteniéndose dentro de la lógica fiscalista del Ejecutivo.

Otro de los que se expresó, fue el ministro de Economía, Luis Caputo: “Saluden a los degenerados fiscales que se van. En Octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles…“.

Por su parte, el Manuel Adorni se plegó a las declaraciones del Presidente y del Jefe de Gabinete, con un mensaje en sus redes sociales donde expresó: “El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino”.

El paquete aprobado por Diputados incluye además la oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria, vigente por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado, y un esquema de actualización automática para los gastos de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, un reclamo sostenido por varios gobernadores.

Desde el Palacio de Hacienda calcularon que el costo fiscal del aumento del 7,2% en las jubilaciones representará 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, sumando un total de 0,7% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que llevar el bono previsional a $110.000 tendrá un impacto de 0,26% del PBI, si se considera su actualización por inflación.